Recortes en el presupuesto para infancia y pobreza en aumento
La advertencia resuena con fuerza en un país donde la pobreza infantil sigue siendo uno de los desafíos sociales más grandes. La inversión pública tiene un papel fundamental en asegurar derechos básicos y reducir las desigualdades que afectan a los más chicos.
Un documento reciente, que analiza datos hasta el 13 de mayo de este año, se pregunta si el Estado podrá mantener políticas esenciales en medio de restricciones presupuestarias. Este análisis es clave para entender cómo se distribuyen y utilizan los recursos destinados a niños y adolescentes en Argentina.
Una recuperación impulsada por las transferencias de ingresos
Durante 2025, el presupuesto nacional para niñez llegó a $13,6 billones, marcando una mejora real del 4% en comparación con el año anterior. Lo interesante es que su participación en el gasto total del Estado Nacional también creció, pasando del 10,2% al 11,1%.
Sin embargo, esta recuperación no fue equitativa. Alrededor del 88% de los fondos para niñez se destinaron a programas de protección de ingresos, especialmente aquellos con mecanismos automáticos de ajuste. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) vieron un incremento real del 17%. También fue significativo el aumento del 38% en el complemento nutricional del Plan 1000 Días.
Por otro lado, la Prestación Alimentar, que no tiene actualización automática, sufrió una caída real del 19% en el mismo período.
Los sectores que quedaron relegados
Mientras las transferencias monetarias apoyaron el crecimiento del presupuesto, sectores que son esenciales para el desarrollo integral de niños y adolescentes se vieron afectados negativamente.
El gasto en salud infantil cayó un 13% en 2025. Esta disminución fue influida por menores transferencias al Hospital Garrahan y por una reducción en la compra y distribución de vacunas. A su vez, las políticas de nutrición y seguridad alimentaria mostraron un deterioro acelerado, con una contracción del 25%. Esto se debió, en gran parte, a la baja en recursos para comedores escolares y otros programas alimentarios.
Un panorama similar ocurrió con los programas de promoción y protección de derechos, que experimentaron una reducción del 22% respecto a 2024. Las iniciativas para acompañar a familias vulnerables y asistencia a niños y adolescentes también fueron gravemente impactadas.
Aunque el presupuesto total del sector para la primera infancia aumentó un 31%, gran parte de esos fondos se concentró en transferencias monetarias y programas de salud materno-infantil. Al mismo tiempo, la inversión en infraestructura y espacios de cuidado fue a la baja.
Un 2026 con menos recursos
Las proyecciones para este año plantean un escenario aún más complicado. En los primeros cuatro meses de 2026, la ejecución del presupuesto destinado a la niñez fue un 6% inferior en términos reales al mismo periodo del año anterior. Este descenso se debe tanto a la evolución de las políticas de ingresos como a recortes en educación, alimentación, protección de derechos y programas para la primera infancia.
Por suerte, el área de salud mostró un aumento gracias a mayores compras de vacunas y suministros médicos. Sin embargo, según UNICEF, si no se amplían los créditos presupuestarios actuales, el financiamiento para niñez podría caer 16% respecto a 2025. Esta reducción representaría una pérdida de 0,29 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), afectando negativamente la participación del presupuesto de infancia dentro del gasto nacional, que pasaría del 11,1% al 10,5%.
La inversión pública frente a la pobreza infantil
El análisis realizado por UNICEF señala que la discusión sobre el presupuesto está íntimamente ligada a las condiciones de vida de millones de niños y niñas en Argentina. La inversión pública es clave, ya que abarca desde transferencias de ingresos para los hogares más vulnerables hasta programas educativos, sanitarios y de protección de derechos.
En este sentido, Argentina cuenta con herramientas para monitorear y evaluar esos recursos, con el objetivo de orientar las políticas públicas hacia la reducción de desigualdades. El desafío surge cuando las restricciones fiscales recortan precisamente en áreas que deberían mitigar esas brechas sociales.
Finalmente, el informe indica que la recuperación observada durante 2025 fue casi exclusivamente sostenida por transferencias monetarias, mientras que muchas políticas perdieron financiamiento. Para 2026, las tendencias actuales en la ejecución presupuestaria sugieren un panorama complicado en áreas críticas como educación, alimentación y protección de derechos. La pobreza infantil sigue marcando el futuro de millones de chicos y chicas, y el desarrollo de estos recursos es un indicador crucial para evaluar el avance de las políticas públicas en su beneficio.