Esta semana, surgió una noticia interesante: la Cámara Argentina de la Indumentaria está trabajando en un proyecto de “ley Anti Shein”. Este movimiento tiene como objetivo regular el ingreso de mercancía importada a través de plataformas de fast fashion. La idea ya está generando reacciones en el ámbito político. Por un lado, algunos sectores del Congreso apoyan la medida, mientras que el Gobierno la rechaza, con voces destacadas como las de los diputados José Luis Espert y Manuel Adorni.
Los empresarios buscan presentar esta iniciativa después de las elecciones, con la intención de construir consensos entre diferentes partidos. ¿El motivo detrás de este proyecto? Combatir lo que consideran “conductas anti competitivas“. Para ello, planean establecer controles ambientales, niveles de toxicidad, certificados de origen y cambios en los aranceles e impuestos. Un ejemplo cercano de este tipo de regulación es la normativa implementada por Francia en junio de este año.
El contexto no es el mejor. La industria textil argentina enfrenta una dura crisis. Durante el segundo trimestre de 2025, cinco de cada diez empresas textiles vieron caer sus ventas en comparación con el año anterior, y el promedio de la disminución fue del 7%. Si miramos a los últimos dos años, la situación se agrava: ocho de cada diez empresas han recortado sus ventas, con una caída que alcanza el 28%, según datos de la Fundación Protejer.
Reacciones en el Congreso
Después de que se conoció la iniciativa, comenzaron a escucharse voces en el Congreso, especialmente de la oposición “dialoguista”. Medios del sector sugieren que la idea es presentar el proyecto tras las elecciones. “Necesitamos el apoyo de distintos bloques al mismo tiempo”, comentaron.
El diputado Miguel Ángel Pichetto expresa su preocupación con claridad: “El efecto de las importaciones chinas y de plataformas como Shein es devastador para la industria nacional”. Para muchos, abaratando importaciones se sacrifican empleos, lo que genera un círculo vicioso complicado. Él recalca la necesidad de imponer fuertes aranceles a estas importaciones para proteger los trabajos locales.
Por otro lado, el proyecto también contaría con el apoyo de algunos referentes del radicalismo y otros sectores de la bancada de Encuentro Federal. Además, las cámaras empresariales están en contacto con organizaciones de otros países, como México y Brasil. Recientemente, Uruguay se sumó a muchos otros países imponiendo un IVA del 22% en todas las compras realizadas fuera de Estados Unidos.
Qué incluye la ley “Anti Shein” y la respuesta del Gobierno
El proyecto está inspirado en la normativa francesa, que considera tasas ecológicas progresivas por cada prenda vendida por empresas de ultra fast fashion. También se propone prohibir la publicidad de este tipo de moda en medios tradicionales y redes sociales, y establecer sanciones por el incumplimiento de normas ambientales. En Argentina, se sumarían otros aspectos, como impuestos y aranceles.
Sin embargo, el Gobierno ya ha manifestado su rechazo. El diputado José Luis Espert llegó a calificarlos de “empresaurios impresentables” y argumenta que “la ropa en el mundo cuesta algo normal, no es un artículo de lujo como acá”. También se presentó evidencia de precios elevados por prendas en negocios locales en comparación con plataformas como Shein.
Manuel Adorni, por su parte, expuso en su programa que la normativa podría hacer que los argentinos paguen $240.000 por una prenda que podría conseguirse por $70.000 en línea. La discusión está planteada y se espera que genere más repercusiones en el ámbito político y entre los consumidores.
