La situación de Vicentin, una de las agroexportadoras más emblemáticas del norte de Santa Fe, se ha vuelto crítica. Desde su entrada en default en diciembre de 2019, la empresa ha acumulado deudas que superan los u$s1.500 millones. Recientemente, Vicentin cerró sus plantas en Avellaneda y Ricardone, dejó de pagar salarios de marzo y enfrenta una parálisis total, dejando a más de 1.000 trabajadores en una situación incierta.
En medio de este contexto, el juez del concurso, Fabián Lorenzini, ha convocado a una audiencia para que la empresa explique su decisión de cerrar y las medidas que planea tomar para reanudar operaciones. Esta audiencia será clave para determinar el futuro de Vicentin, ya que se debatirá no solo la posibilidad de reactivar las plantas, sino también la intervención judicial necesaria para manejar la crisis.
Responsabilidades y Estrategias de Vicentin
La empresa ha señalado que la falta de contratos de fasón oportunos ha sido un factor determinante en su cierre. A través de una carta a sus acreedores, Vicentin argumentó que la decisión fue tomada para proteger sus activos, lo que, según ellos, permitiría un arranque rápido en el futuro. Sin embargo, esta estrategia ha sido cuestionada por gremios y el gobierno provincial, quienes piden una intervención judicial.
Los exdirectivos de Vicentin están bajo investigación por asociación ilícita y estafa, lo que ha añadido presión sobre la actual administración. La falta de definición judicial en cuanto a su situación financiera ha llevado a la empresa a intensificar sus acciones, buscando restablecer la posibilidad de homologación de su acuerdo preventivo de acreedores.
Impacto en los Trabajadores y la Comunidad
Los trabajadores de Vicentin han expresado su preocupación por la falta de salarios y la inactividad de las plantas. El ministro de Trabajo provincial, Roald Báscolo, ha sido claro al afirmar que la única solución viable es reanudar la producción. La situación ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre los empleados, quienes están reclamando su derecho a trabajar y recibir sus salarios.
Los gremios han solicitado la intervención de la justicia y han acusado a la dirección actual de no utilizar adecuadamente los ingresos para cumplir con sus obligaciones salariales y operativas. En este sentido, se requiere una acción rápida para evitar una crisis laboral mayor que afecte a más de 1.000 familias que dependen de Vicentin.
Alternativas para la Recuperación
En medio de esta crisis, la posibilidad de un cramdown se presenta como una alternativa legal para evitar la quiebra. Esta estrategia permitiría que otros inversores asuman el control de la empresa, pero las condiciones actuales no son favorables. Los inversores que antes apoyaban a Vicentin han disminuido su interés, lo que complica aún más el panorama de recuperación.
La audiencia programada para el viernes se perfila como un punto de inflexión. No solo se discutirá la posibilidad de reanudar las operaciones, sino que también se evaluará cómo la justicia puede intervenir en la administración de una empresa que carece de capacidad de pago y que tiene a sus trabajadores en una situación crítica.
La situación de Vicentin es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sector agroindustrial en el país. Es fundamental que las partes involucradas encuentren una solución que no solo beneficie a la empresa, sino que también proteja los derechos de los trabajadores y la estabilidad de la comunidad.
¿Qué opinas sobre las medidas que se deben tomar para ayudar a Vicentin? Mantente informado y participa en la conversación sobre el futuro de esta importante empresa.
