El proceso de cramdown de Vicentin ha avanzado un paso significativo. El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, recibió un Análisis de Valuación de la consultora Marinozzi-Mazzitelli & Asociados. Este informe indica que el patrimonio neto ajustado de la agroexportadora es negativo, con un déficit cercano a los u$s1.000 millones.
Con este resultado, las acciones de la compañía quedan sin valor de mercado, lo que complica la etapa final del rescate. De aquí en adelante, el interés por las ofertas dependerá más de la capacidad de reunir adhesiones de los acreedores do que de un desembolso económico por el paquete accionario. Es un momento clave y la presión aumenta.
Un diagnóstico que era esperado
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la valuación negativa era algo previsto, considerando el nivel de endeudamiento acumulado desde el default de 2020. El informe, de 22 páginas, fue elaborado por el contador Juan José López Forastier, quien fue designado por el juzgado. Confirma que la deuda y los pasivos superan ampliamente el valor de los activos.
Según la documentación judicial, el valor de liquidación bruto de la firma se estima entre u$s290,9 millones y u$s320,2 millones. Sin embargo, al restar las deudas posteriores al concurso —que ascienden a unos u$s22,7 millones—, más impuestos y honorarios, el valor neto se reduce a aproximadamente u$s252 millones. Hay que tener en cuenta que, frente a un pasivo concursal superior a los u$s1.130 millones, esto apenas cubriría el 22% de la deuda total.
Además, el informe calculó el flujo libre antes de deudas en u$s135,7 millones, lo que reafirma la idea de que el margen operativo es insuficiente para revertir la situación patrimonial.
Etapa de conformidades y plazos ajustados
Tras recibir la valuación, el juez Lorenzini abrió un plazo de cinco días hábiles para que las partes presenten observaciones o impugnaciones. Si no hay objeciones, el magistrado fijará el valor definitivo de las acciones, un dato clave para la presentación formal de las propuestas.
En esta fase, la ley permite a los oferentes actuar de manera independiente o en acuerdo conjunto para maximizar sus posibilidades. Cada propuesta deberá contar con el apoyo de al menos el 50% de los acreedores, tanto en cantidad como en capital, para ser aprobada.
El período de presentación de proyectos tendrá un máximo de 30 días, aunque si un oferente logra obtener las conformidades necesarias antes, podrá adjudicarse el control de forma anticipada. Si ninguna propuesta alcanza las mayorías, el juez podría declarar la quiebra de la empresa.
Cinco empresas ya lograron pasar el filtro inicial del juez, que exige un depósito de $1.100 millones como garantía de seriedad económica. Entre ellas se encuentran Bunge Argentina, Grassi y la Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada (UAA), además de la propuesta conjunta de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC). Con este paso dado, los oferentes se preparan para la etapa decisiva, donde deberán desplegar sus estrategias para conseguir el respaldo de los acreedores. En un escenario donde el precio de mercado no es el centro del interés, la habilidad para tejer acuerdos y navegar las negociaciones políticas y financieras será esencial.
Por su parte, mientras avanza el proceso judicial, las plantas industriales de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone siguen trabajando bajo el sistema de fasón, aunque enfrentan problemas técnicos. Según declaró el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), Daniel Succi, estas instalaciones “no están moliendo lo suficiente ya que se rompen constantemente”.
El gremio estima que el procesamiento de girasol estará asegurado hasta octubre/noviembre y el de soja hasta febrero de 2026, aunque se requerirán reparaciones integrales para sostener la actividad.
Lo que viene
Con el diagnóstico patrimonial presentado y un cronograma ajustado, el juez Lorenzini busca cerrar esta novela judicial antes de fin de año. El desenlace dependerá de quién logre la combinación ganadora de respaldo acreedor y plan operativo para sanear las cuentas y garantizar la continuidad de una empresa que alguna vez fue un emblema del agro argentino.
En el corto plazo, el valor de las acciones se definirá por la Justicia y comenzará la carrera final entre los cuatro oferentes. Lo que queda claro es que, con u$s1.000 millones de déficit patrimonial, el verdadero desafío será reconstruir la compañía y reactivar su capacidad productiva, más allá de un activo que hoy vale menos que sus deudas.
