Trump retiene 26.000 millones a estados demócratas por cierre
El Gobierno de Donald Trump tomó una decisión que generó revuelo: congeló 26.000 millones de dólares en fondos federales. Esta medida afecta a estados gobernados por demócratas y llega en pleno shutdown del gobierno, lo que significa una paralización parcial de sus actividades. Entre los proyectos que se ven perjudicados están los de transporte en Nueva York y los de energía verde en varios estados, como California e Illinois. Esto se suma a una ofensiva política que busca el control de un presupuesto federal de 7 billones de dólares, que históricamente ha estado bajo la tutela del Congreso, según la Constitución de EE. UU.
De esos fondos congelados, 18.000 millones de dólares iban dirigidos a proyectos de tránsito en Nueva York, mientras que 8.000 millones estaban destinados a iniciativas de energía renovable. Esta maniobra de Trump parece estar orientada a reafirmar su poder, sobre todo en un contexto donde el gobierno enfrenta diversos conflictos.
La parálisis del gobierno, que marca el quinceavo shutdown desde 1981, ya empezó a tener repercusiones severas. Actividades clave como la investigación científica y la supervisión financiera están suspendidas, además de afectar servicios básicos que muchos ciudadanos dependen. Ya hay aproximadamente 750.000 trabajadores federales en casa, sin sueldo, mientras que otros, como las tropas y los agentes fronterizos, siguen trabajando sin cobrar.
Con el panorama complicado, el vicepresidente J.D. Vance avisó que si la situación persiste, podríamos ver despidos permanentes. Esto se suma a los ya 300.000 trabajadores que perdieron su empleo en diciembre del año pasado. La Oficina de Patentes y Marcas ha comunicado que despedirá al 1% de sus 14.000 empleados.
Desde el lado opositor, las voces demócratas han criticado duramente la gestión de Trump. Hakeem Jeffries, un referente en la Cámara de Representantes, alertó que la congelación de fondos podría dejar a miles sin trabajo. Chuck Schumer, por su parte, ha señalado que Trump está usando al pueblo como peones en su juego político.
Esta situación se intensificó luego de que el Senado rechazara una propuesta que buscaba mantener financiado al gobierno hasta el 21 de noviembre. Los demócratas se opusieron a la negativa de los republicanos de incluir una extensión en las prestaciones sanitarias que estaban a punto de vencer. Los republicanos argumentan que este tema debería ser abordado en otra discusión.
En medio de esta crisis, el debate gira en torno a un presupuesto que representa 1,7 billones de dólares, que es solo una fracción de lo que se gasta anualmente. La mayoría de los gastos se destina a programas de salud, jubilaciones y al pago de intereses de la deuda pública, que asciende a 37,5 billones de dólares.
El impacto social y económico del cierre del Gobierno de EE. UU.
La Oficina de Administración y Presupuesto, bajo el mando de Russ Vought, ha ordenado a todas las agencias implementar licencias sin goce de sueldo y, posiblemente, despidos masivos. Según la Casa Blanca, esta medida forma parte de la política de Trump para reducir el tamaño del Estado.
Antes del shutdown, Trump ya planeaba despedir a 300.000 empleados federales y dejó claro que esta crisis podría ser una oportunidad para llevar a cabo acciones que no sean reversibles.
Pero las consecuencias del shutdown no se limitan al ámbito político; están afectando a prestaciones sociales, contratos laborales y servicios públicos. Además, la agenda de deportaciones continuará, mientras que áreas como la educación, el medio ambiente y los programas comunitarios se quedarán más desvalidos que nunca.
Los expertos prevén que las repercusiones económicas se sentirán en todo el país. Rachel Snyderman, una exfuncionaria de presupuesto de la Casa Blanca, advirtió que “en qué gasta el Gobierno el dinero demuestra las prioridades de nuestra nación… los cierres solo generan costos económicos, miedo y confusión”.
Aunque en cierres anteriores los mercados financieros reaccionaron con cierta indiferencia, un análisis de Goldman Sachs sugiere que esta vez podría ser diferente, lo que dependerá de la falta de negociación entre el Congreso y la administración actual.