Tras disolución de ANDIS, se crea nueva Secretaría de Discapacidad
El reciente cambio ministerial, que ya había sido anticipado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se basa en un informe final que destaca irregularidades serias en las contrataciones y falencias en los controles internos. También señala un ecosistema tecnológico fragmentado que afecta la gestión del Certificado Único de Discapacidad, las pensiones no contributivas por invalidez y el Programa Federal Incluir Salud.
Ahora, esta nueva área tendrá la responsabilidad de seguir formulando políticas respecto a la discapacidad y manejar el otorgamiento de pensiones por invalidez, pero lo hará dentro de la estructura del Ministerio dirigido por Mario Lugones. Esto significa que la oficina perderá su status de organismo descentralizado.
La reforma llega en un momento delicado, tras el escándalo de corrupción que rodeó a la gestión de Diego Spagnuolo en ANDIS. En audios que están bajo investigación, Spagnuolo mencionó que ciertos proveedores de medicamentos habrían pagado coimas a funcionarios, entre ellos Karina Milei, para asegurar contratos.
Con esta modificación en la estructura de la agencia, que ahora se convertirá en una secretaría dependiente del Ministerio de Salud, se espera mejorar la trazabilidad de los expedientes y fortalecer las auditorías internas. Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso sin tregua.
Los objetivos de la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad
La nueva Secretaría Nacional de Discapacidad tiene como meta clara “elaborar, implementar, seguir y evaluar el Plan Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad”. Todo este trabajo está centrado en garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración en la sociedad de las personas que viven con discapacidad.
Además de abordar los derechos de estas personas, la Secretaría tendrá la tarea de presidir el Consejo de Articulación de Programas para Personas con Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad. Para lograr estos objetivos, contará con dos subsecretarías: la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, responsable de diseñar programas que faciliten la inclusión y el acceso a derechos, y la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos, que se encargará de la certificación de discapacidad y la regulación de las prestaciones.
Ambas áreas buscarán asegurar una mejor coordinación en la implementación de políticas públicas y optimizar la atención a las personas con discapacidad. Alejandro Vilches, un médico especializado en gestión sanitaria, asumirá la dirección de esta nueva secretaría tras la renuncia de Diego Spagnuolo. Aquí, el Gobierno busca mantener la continuidad en la gestión.
La incorporación de esta área al Ministerio de Salud también implica auditorías constantes y criterios sanitarios en la administración de políticas. Se espera que se eliminen 16 puestos, lo que representaría casi un 46% de reducción en la estructura jerárquica de la entidad. Lo importante aquí es que esta transformación no conllevará la suspensión de pensiones ni recortes en prestaciones para personas con discapacidad, un dato reconfortante en un contexto en que muchas cosas se están ajustando.
Cambios en la política de control de drogas
La reestructuración del Ministerio de Salud también incluye la transferencia total de la gestión del Programa de Cannabis Medicinal a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). El objetivo de este cambio es reforzar el enfoque sanitario y científico del uso terapéutico del cannabis, en línea con la Ley 27.350.
Esta modificación ministerial va acompañada de la actualización de los requisitos para inscribirse en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). Con esto, se busca mejorar la trazabilidad y prevenir desvíos en la utilización del mismo.
El proceso se enmarca dentro de la política oficial de reorganización interna, buscando mayor eficiencia y transparencia. Así, el Ministerio de Salud asume un rol fundamental en la administración de políticas públicas en el ámbito sanitario y social, especialmente en lo que respecta a la discapacidad y a la regulación de prácticas terapéuticas emergentes, como el uso del cannabis medicinal.