El Gobierno nacional ha tomado la decisión de suspender la actividad de la cooperativa de trabajo Recuperadores del Sur Ltda., y ha iniciado un sumario en su contra. Esta medida se produce tras la identificación de varias irregularidades en su operación. La cooperativa, presidida por Héctor Eduardo Morillo, también secretario nacional de Grandes Generadores de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), ha sido objeto de investigación por presuntas faltas administrativas.
Las autoridades, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), han detectado irregularidades que incluyen el uso indebido de la figura jurídica cooperativa. Esta situación ha suscitado preocupación sobre quiénes están realmente involucrados en el servicio de recolección de residuos, lo que plantea serias dudas sobre el funcionamiento de la entidad.
Irregularidades detectadas en la cooperativa
Las investigaciones han revelado que la estructura de la cooperativa podría haber sido utilizada para eludir normativas vigentes. Esto incluye prácticas que no garantizan condiciones laborales dignas, afectando a los derechos de los asociados en beneficio de la familia Morillo. Las autoridades están indagando sobre el uso de fondos de la cooperativa para gastos turísticos familiares y la compra de un vehículo no apto para la actividad, lo que contradice lo establecido en el artículo 2° de la Ley 20.337 sobre cooperativas.
- Uso indebido de fondos para fines personales.
- Prácticas laborales que vulneran derechos de los trabajadores.
- Falta de transparencia en la recolección de residuos.
Adicionalmente, se ha informado que la cooperativa no cuenta con el mínimo de 100 asociados, lo que genera aún más interrogantes sobre quiénes realmente prestan el servicio. Esta falta de claridad puede tener consecuencias graves para la gestión de residuos en la comunidad, lo que afecta tanto a la salud pública como al medio ambiente.
Pasos a seguir y repercusiones
El caso ha sido comunicado al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para que tome las medidas adecuadas. Las irregularidades detectadas no solo plantean interrogantes sobre la gestión de la cooperativa, sino que también abren un debate sobre la necesidad de una regulación más estricta y efectiva para el sector de recuperadores urbanos.
Es crucial que las autoridades actúen con diligencia para garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores y se mantenga la integridad de los servicios de recolección de residuos. La situación actual resalta la importancia de una supervisión adecuada y de la transparencia en las cooperativas que desempeñan un papel vital en la economía social.
La comunidad debe mantenerse alerta y exigir rendición de cuentas a las entidades que operan en su entorno. La responsabilidad compartida es esencial para asegurar un manejo adecuado de los recursos y un ambiente limpio y seguro para todos.
