Sin agua, la producción argentina enfrenta un serio riesgo
La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, ha hecho escuchar su voz en contra de un proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados. Vilar ha instado a los legisladores nacionales a rechazar esta iniciativa, subrayando que “no se puede pensar en una Argentina más productiva si nos van a sacar el agua”.
Durante una conferencia de prensa en La Plata, donde estuvo acompañada por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la ministra destacó que “la Provincia está en contra de ese intento y la ley no se debe modificar”. Este proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y ahora se está debatiendo en Diputados, donde se han convocado audiencias públicas para dialogar sobre el asunto.
La legislación vigente, aprobada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares. Estos son considerados recursos estratégicos de agua dulce. Entre otras cosas, la ley prohíbe actividades que puedan dañar estas formaciones, como la minería o la explotación de hidrocarburos.
El marco normativo actual es clave para el país. El proyecto del gobierno de Javier Milei propone cambiar los límites de protección y facilitar, bajo ciertas condiciones, el desarrollo de actividades productivas en zonas que actualmente están restringidas. Vilar ha resaltado que estos cambios ponen en riesgo el acceso al agua en provincias como Buenos Aires, que aunque no tiene glaciares, se vería afectada.
“El 70% del país depende de los glaciares como fuente de agua”, afirmó Vilar, recordando que la legislación actual prohíbe actividades extractivas en zonas glaciares y periglaciares para mantener el flujo de los ríos durante períodos de sequía. La ministra alertó sobre el peligro que representa esta reforma, ya que podría permitir actividades extractivas y, como consecuencia, afectar gravemente la disponibilidad de agua. Además, advirtió que la flexibilización de la ley podría acentuar la competencia entre provincias por atraer inversiones, descuidando la protección del medio ambiente.
Riesgos ambientales
Entre los riesgos que conlleva la reforma, Vilar enumeró la “pérdida irreversible de reservas de agua”, así como la “contaminación permanente de cuencas” por la actividad minera. Sin los glaciares actuando como reguladores naturales, el caudal de agua se tornaría irregular, aumentando el riesgo de sequías. “La flexibilización beneficiará a algunas empresas, pero las comunidades pagarán el costo”, subrayó.
La ministra cuestionó los argumentos que sostienen que la modificación de la ley incrementaría la seguridad jurídica para las inversiones. Según ella, “cambiar la ley para ‘flexibilizarla’ no garantiza mayor previsibilidad”. Aseguró que una normativa clara permite que los proyectos conozcan sus límites, lo que minimiza conflictos.
Audiencias públicas
Vilar también criticó la propuesta del Congreso de llevar a cabo audiencias públicas. Más de 50.000 personas se inscribieron para participar, pero el Gobierno solo permitiría que 266 expongan, menos del 1%. Llamó a la ciudadanía y a las organizaciones a seguir anotándose para participar en defensa del agua de Argentina, considerando que estas limitaciones son “ilegales”, vulnerando el derecho a la participación.
El debate sobre la ley se inserta dentro de un contexto más amplio de políticas económicas del Gobierno nacional. Esto incluye incentivos para grandes inversiones, que podrían favorecer un uso intensivo de recursos naturales en sectores como el minero. La ministra mencionó que el acuerdo bilateral con Estados Unidos implica un acceso preferencial a recursos como el litio y el cobre.
A su juicio, el problema no radica en la legislación en sí, sino en su implementación. Vilar aboga por fortalecer las instituciones encargadas de la protección del medio ambiente, garantizando los recursos necesarios y utilizando tecnología moderna para un mejor monitoreo.