Se lanza licitación para concesionar 1.800 kilómetros de ruta

En el contexto del avance de la Red Federal de Concesiones (RFC), el Gobierno nacional ha lanzado oficialmente la licitación pública, tanto a nivel nacional como internacional, para la Etapa II del proyecto. Esta iniciativa es un pilar fundamental del nuevo modelo de gestión vial que está impulsando el Ministerio de Economía y quedó formalizada a través de la Resolución 1843/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Esta segunda etapa incluye la concesión de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales, que se dividen en dos grandes tramos:

• Tramo Sur Atlántico Acceso Sur, con 1.325,17 kilómetros.
• Tramo Pampa, con 546,65 kilómetros.

La idea detrás de la Red Federal de Concesiones es modernizar la red vial del país. Esto se logrará mediante contratos más eficientes, controles centralizados y la eliminación de subsidios que, en el esquema anterior, mantenían operaciones deficitarias sin mejorar la calidad del servicio.

Un nuevo enfoque para la gestión vial

A diferencia de lo que se hacía antes, este nuevo sistema se implementará sin aportes del Estado nacional. Esto representa un cambio significativo en la política de concesiones. En el pasado, el sector público transfería fondos para un sistema que no garantizaba estándares mínimos de calidad, mantenimiento y seguridad.

Con la RFC, lo que se busca es que las empresas concesionarias —ya sean nacionales o internacionales— compitan en base a la eficiencia, asuman la inversión y aseguren estándares de servicio que sean auditables. La Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, será el organismo encargado de supervisar y controlar tanto los contratos actuales como los futuros.

Su rol es clave para asegurar que las obras y los servicios se ejecuten de acuerdo a lo pactado, de manera que los usuarios realmente noten mejoras en infraestructura, transitabilidad y seguridad vial.

Adjudicaciones recientes y continuidad del plan

La publicación de esta licitación para la Etapa II se dio justo un día después de que el Gobierno anunciara la adjudicación de la Etapa I de la RFC, que comprende 741 kilómetros entre los Tramos Oriental y Conexión. Este primer paquete marcó el inicio formal del proceso de transición hacia el nuevo modelo de concesiones, considerado esencial para atraer inversiones y mejorar la red vial estratégica.

Cómo se componen los tramos de la Etapa II

1) Tramo Sur Atlántico Acceso Sur (1.325,17 km)

Este es el tramo más extenso de la licitación, que se divide en tres subtramos:

• Subtramo Sur – 870,55 km: Aquí están incluidas rutas de alta circulación y relevancia logística, como la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 205, que conectan el sur bonaerense y los flujos productivos, facilitando el transporte entre zonas rurales, portuarias y metropolitanas.

• Subtramo Atlántico – 404,32 km: Este corredor es estratégico para la región centro-sur de Buenos Aires, con un tránsito que incluye actividades agrícolas, comerciales y turísticas.

• Subtramo Acceso Sur – 50,30 km: Se centra en la infraestructura clave de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conecta con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, convirtiéndose en un importante nudo logístico del país.

2) Tramo Pampa (546,65 km)

Este tramo abarca la totalidad de la Ruta Nacional 5, desde el kilómetro 65 en Luján, hasta su empalme con la Ruta Nacional 35 en Santa Rosa, en La Pampa. Con un tránsito mixto —que incluye actividades productivas, de carga, interurbanas y turísticas—, la RN5 es un corredor bioceánico vital que vincula el AMBA con el centro del país y se entrelaza con rutas de gran impacto económico.

Con la licitación ya publicada, el Gobierno espera atraer ofertas de empresas que tengan experiencia técnica y capacidad financiera adecuadas al volumen de la obra. La concreción de la Etapa II permitirá avanzar sobre más de 1.800 kilómetros de infraestructura estratégica, lo que, sin duda, consolidará este nuevo modelo de gestión que busca transformar el esquema vial argentino. La combinación de inversión privada, control estatal y eliminación de subsidios tiene como objetivo generar mejoras significativas en mantenimiento, seguridad, tecnología vial y desarrollo regional.