Salta implementa narcotest obligatorios para funcionarios estatales
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, decidió que será obligatorio realizar exámenes toxicológicos para todos los funcionarios de las tres ramas del Estado y organismos de control. Esta medida busca, según él, asegurar que quienes se desempeñen en la función pública lo hagan con idoneidad y responsabilidad moral.
El anuncio oficial llegó este martes a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Sáenz comentó que esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la transparencia y la confianza de los salteños en sus instituciones. “Ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad”, subrayó el mandatario.
También fue claro al decir que quienes no cumplan con los requisitos establecidos tendrán que asumir las consecuencias, que pueden incluir la pérdida del cargo. “Gobernar implica tomar decisiones firmes, con responsabilidad y respeto”, añadió.
Vale recordar que en noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados de Salta rechazó un pedido para discutir la obligatoriedad de realizar narcotests a los funcionarios públicos, lo que añade un contexto interesante a esta reciente decisión.
Antecedentes en Santa Fe y San Luis
En otros puntos del país, ya se han visto iniciativas similares. Por ejemplo, a mediados de 2025, Santa Fe implementó exámenes toxicológicos obligatorios para los miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios provinciales. De hecho, el gobernador Maxmiliano Pullaro se sometió a la prueba como parte de esta nueva norma.
Estos exámenes se realizan de forma sorpresiva y periódica a policías, penitenciarios y autoridades políticas, y son realizados por laboratorios externos. Los resultados se entregan en sobres cerrados que van desde estos funcionarios hasta el gobernador.
En esta misma línea, en 2024, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, estableció que todos los funcionarios de los tres poderes debían hacerse pruebas de drogas. Este decreto también obliga al gobernador y su Gabinete a someterse a los test.
La normativa allí también menciona que los exámenes serán anuales y aleatorios, buscando garantizar la transparencia en la selección de los funcionarios que trabajan para la ciudadanía.
Como se ve, la intención de asegurar la transparencia y la confianza en la función pública está generando reacciones y normas en distintas provincias, marcando un camino hacia una gestión más responsable.