Organismos de Derechos Humanos de Salta han presentado un hábeas corpus preventivo en contra de la Operación Roca, una iniciativa lanzada por los ministros de Seguridad Nacional y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, con el objetivo de reforzar la vigilancia en la frontera norte. Los demandantes solicitan que se ordene al Gobierno abstenerse de aplicar normas que habiliten la detención de civiles por parte de las Fuerzas Armadas, hasta que se dicte sentencia definitiva. Esta situación ha generado preocupación en Bolivia, donde se teme que la relación bilateral pueda verse afectada.
La acción fue presentada ante el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, responsable de los departamentos salteños de Orán, San Martín y Rivadavia, donde el Gobierno ha comenzado a desplegar tropas para realizar tareas de control y vigilancia en la frontera, en el marco del Plan Güemes. Se estima que alrededor de 10.000 efectivos de diversas fuerzas serán asignados a estas áreas.
Cuestionamientos a la Normativa Vigente
El recurso judicial, impulsado por el abogado Martín Plaza, cuestiona la constitucionalidad de los DNU 1107/24 y 1112/24, así como la resolución ministerial 347/35, emitidos por el gobierno de Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri. Estos instrumentos permiten la participación de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior, lo que, según Plaza, vulnera derechos fundamentales como la libertad ambulatoria y el debido proceso.
Desde la Mesa de Derechos Humanos de Salta, se ha expresado preocupación por la posibilidad de detenciones arbitrarias, especialmente en una región con un alto número de trabajadores informales y comunidades vulnerables. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional CABA, también ha respaldado esta acción, afirmando que el plan de militarización encubierta viola la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. Su secretario general, Daniel Catalano, manifestó que no permanecerán inactivos mientras se implementan medidas represivas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.
Reacciones en Bolivia
La militarización de la frontera norte ha suscitado reacciones en Bolivia. Jesús Gira, presidente del Comité Cívico de Tarija, ha solicitado a su Cancillería que requiera información sobre la Operación Roca para evitar tensiones diplomáticas. Gira enfatizó la importancia de que no se cometan excesos contra civiles bolivianos que crucen la frontera por trabajo o comercio.
El presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano, coincidió con Gira en que la lucha contra el narcotráfico no debe confundirse con la delincuencia común. Medrano expresó su temor de que la militarización complique las relaciones entre ambos países y consideró que se debe buscar un diálogo para prevenir conflictos.
Por último, Alberto Pérez, presidente del Comité Cívico Potosinista, ha instado a las autoridades a establecer una mesa de diálogo para evitar un deterioro de la relación bilateral, sugiriendo que es necesario que los presidentes o cancilleres se reúnan para discutir estos temas sensibles.
Este escenario resalta la tensión existente en la frontera y la necesidad de un enfoque equilibrado que garantice la seguridad sin vulnerar los derechos de los ciudadanos. La situación continúa evolucionando y se espera un pronunciamiento oficial de la Cancillería boliviana en breve.
