El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ha manifestado su intención de revisar los planes sociales que la ANSES otorga a personas extranjeras que no residan en Argentina. Su enfoque está alineado con las iniciativas del presidente Javier Milei en la reforma migratoria, buscando proteger los intereses de los ciudadanos argentinos.
Sáenz destacó la necesidad de dar de baja los beneficios de ANSES para aquellos extranjeros que los perciben sin residir en el país. Esta medida tiene como objetivo garantizar que los recursos se destinen a quienes realmente los necesitan, resaltando la colaboración del gobierno provincial con el gobierno nacional para llevar a cabo esta revisión.
Apoyo a la Reforma Migratoria
El mensaje del gobernador fue compartido a través de las redes sociales del gobierno salteño, recibiendo apoyo del presidente Milei. Sáenz subrayó que la reforma migratoria es un paso esencial para proteger los intereses de la provincia, que cuenta con múltiples pasos internacionales. Esta postura se enmarca en un contexto más amplio de políticas migratorias en el país.
Nuevas Regulaciones Migratorias
El Gobierno, mediante el DNU 366/2025, ha implementado cambios en la legislación migratoria para endurecer las regulaciones y limitar el acceso de extranjeros al país. Este decreto se justifica en la necesidad de adaptar las políticas a un escenario global cambiante, marcado por un aumento en el flujo migratorio.
La normativa argumenta que las facilidades actuales para entrar y permanecer en el territorio nacional permiten prever que un número significativo de deportados de otros países, como Estados Unidos, podría intentar establecerse en Argentina, lo que podría generar un impacto en los servicios esenciales y la economía local.
Impacto en los Servicios Públicos
El decreto modifica el Artículo 6, que anteriormente protegía tanto a los inmigrantes como a sus familias. La nueva versión se enfoca en asegurar que los migrantes tengan acceso a los mismos derechos y protecciones que los ciudadanos argentinos, pero bajo condiciones más restrictivas.
Esto implica un cambio significativo en la forma en que se gestionan los servicios públicos, ya que el gobierno busca equilibrar las necesidades de los nacionales con las de los inmigrantes, asegurando que los recursos del Estado no se vean comprometidos.
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