La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ha rechazado el pedido de la fundación Republican Action for Argentina para anular el fallo que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF, realizada durante la presidencia de Cristina Kirchner. Esta decisión se produce en medio de un contexto legal complejo y de creciente atención internacional.
Según la magistrada, la presentación de la ONG fue considerada fuera de tiempo, ya que el plazo para realizar tales solicitudes había expirado hace un año. Este fallo subraya la rigidez de los plazos legales y la necesidad de actuar con rapidez en este tipo de casos.
Detalles del Caso
La fundación había solicitado la anulación del fallo que condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford y Eton Park, además de investigar a los involucrados en la nacionalización de YPF. La jueza enfatizó que las solicitudes deben ser presentadas dentro de un marco temporal definido, citando precedentes legales que refuerzan esta postura.
La presentación fue realizada el 17 de febrero, y, tras una orden de vista emitida por Preska, se dejó claro que la solicitud no sería considerada válida debido a la falta de cumplimiento de los plazos estipulados.
Reacciones y Consecuencias
El director de Research for Traders, Darío Epstein, comentó sobre la situación, instando a quienes han utilizado este tema para fines políticos a actuar con humildad y respeto. Resaltó la seriedad del asunto, sugiriendo que no debería ser utilizado como herramienta de manipulación política.
Antecedentes del Juicio
El caso se originó en 2015, cuando las firmas Burford Capital y Eton Park iniciaron acciones legales tras adquirir derechos de litigio de sociedades que habían quebrado, las cuales estaban vinculadas a la expropiación de YPF. La decisión de Argentina de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera española Repsol sin realizar una oferta pública a otros accionistas minoritarios ha sido el foco central de esta disputa legal.
El reclamo de estas firmas se basa en la falta de una oferta pública adecuada por el resto de las acciones de la compañía, lo que ha llevado a un largo proceso judicial que continúa generando repercusiones tanto a nivel local como internacional.
Este desarrollo resalta la complejidad de las relaciones económicas y jurídicas que enfrenta Argentina en el ámbito global, especialmente en lo que respecta a su política energética y las decisiones de nacionalización que han marcado su historia reciente.
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