Marcelo Bailaque, juez federal con competencia en Rosario, ha presentado su renuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación, fijando como fecha de salida del cargo el próximo 1 de julio. Su decisión se produce en un contexto en el que se encuentra formalmente imputado en tres causas por corrupción institucional.
La aceptación de su renuncia por parte del Poder Ejecutivo implicaría la interrupción inmediata del proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura, que estaba evaluando pedidos de remoción por parte de legisladores y funcionarios judiciales. De este modo, la causa quedaría en estado de abstracto, es decir, sin materia para continuar.
Implicaciones de la Renuncia
La renuncia de Bailaque también mantendría en vigor la resolución que confirmó hace dos semanas la prisión domiciliaria por 90 días y un embargo de hasta $600 millones sobre sus bienes, tal como dictó la Cámara Federal de Rosario.
Trayectoria del Juez Bailaque
Marcelo Bailaque inició su carrera en el fuero federal en Santa Cruz y asumió como juez de instrucción en Rosario en 2008. En el último año y medio, enfrentó un procedimiento disciplinario ante el Consejo, donde debía comparecer el martes 17 de junio a las 10 de la mañana para presentar su descargo.
La Comisión de Acusación, liderada por Luis Juez, consideró a fines de mayo que los cargos eran suficientes para solicitar su destitución por mal desempeño. Hasta esta semana, Bailaque había mantenido funciones activas como juez de garantías, pero decidió formalizar su renuncia mediante una nota enviada al ministro Mariano Cúneo Libarona, titular de la cartera de Justicia.
Las Acusaciones en Su Contra
Bailaque está imputado en tres expedientes judiciales distintos. En la primera causa, el fiscal federal Matías Scilabra lo acusó de omitir deliberadamente tres medidas solicitadas en 2013 contra Esteban Alvarado, condenado por narcotráfico en 2022.
La segunda causa involucra a exfuncionarios como Carlos Vaudagna, exdirector de la AFIP Rosario, y al financista Fernando Whpei. Según los fiscales, los tres fabricaron una causa basada en un anónimo genérico contra empresarios bursátiles con el fin de extorsionarlos económicamente.
El tercer hecho atribuido a Bailaque ocurrió en 2021, cuando decidió transferir $1.000 millones a la Mutual de Jubilados, parte del grupo financiero Unión, que estaba bajo investigación por lavado de activos. Esta decisión rompió con el procedimiento habitual de custodia judicial.
Los delitos que se le atribuyen incluyen extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. La figura de extorsión contempla una pena mínima de cinco años de prisión, lo que impide su excarcelación.
En sus descargos, Bailaque ha manifestado su inocencia ante las acusaciones, lo que añade una capa de complejidad a su situación y al proceso judicial en curso.
