Recientemente, el Gobierno confirmó la renuncia de Marcelo Bailaque, un juez federal en el centro de un escándalo por acusaciones graves relacionadas con extorsión y vínculos con el narcotráfico en Rosario. Esta decisión, publicada oficialmente a través del Decreto 443/2025, marca un hito en la lucha contra la corrupción judicial.
La renuncia fue aceptada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en un contexto donde Bailaque enfrentaba múltiples investigaciones por parte del Consejo de la Magistratura. Se encontraba en la antesala de un posible juicio político, lo que intensificó la presión para que abandonara su cargo.
Contexto de la Renuncia
El comunicado oficial del Ministerio de Justicia detalló que Bailaque está acusado de comisión de múltiples delitos de gravedad, con prisión preventiva dictada por el Juzgado N°4 de Rosario. Esta medida judicial fue ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones, lo que resalta la seriedad de las acusaciones en su contra.
Como resultado de su renuncia, Bailaque perderá sus fueros, lo que permitirá que el proceso judicial en su contra avance sin impedimentos. Su salida se formalizó el 1° de julio, en un movimiento que ha sido visto como un paso hacia la restauración de la confianza en el sistema judicial argentino.
Delitos Atribuidos a Marcelo Bailaque
Las acusaciones contra el exjuez son alarmantes e incluyen: extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documentos públicos y allanamiento ilegal. Estas infracciones no solo comprometen su integridad, sino que también ponen en tela de juicio la confianza en la justicia en el país.
El gobierno ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la legalidad, subrayando que no hay lugar para la impunidad en la nueva Argentina del presidente Javier Milei. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, enfatizó la necesidad de investigar a fondo este caso, advirtiendo que, de ser hallado culpable, Bailaque podría incluso perder su derecho a una jubilación de privilegio.
Investigaciones y Denuncias
Bailaque presentó su renuncia el 11 de junio, en medio de tres investigaciones internas y una causa penal activa. La Comisión de Acusación del Consejo, bajo la presidencia del senador de Pro Luis Juez, votó por unanimidad a favor de un dictamen acusatorio que describía un patrón de mal desempeño y falta de ética en su actuación.
Entre las acusaciones más graves se encuentra su actuación en expedientes vinculados al narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, donde se le acusa de obstaculizar pruebas clave y dilatar procesos judiciales. Además, se le imputa una maniobra de extorsión contra el empresario Claudio Iglesias, en la que se exigió una coima de 200,000 dólares a cambio de archivar una investigación.
Otro hecho alarmante involucra el desvío de fondos públicos de una cooperativa, donde se sospecha que parte del dinero terminó en manos de una entidad cercana a Bailaque. Esto pone de manifiesto una preocupante conexión entre el juez y el crimen organizado.
Demandas por Justicia y Responsabilidad
Organizaciones como la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) han solicitado al presidente Javier Milei que rechace la renuncia de Bailaque para permitir el avance del juicio político. Alertan sobre el riesgo de que la aceptación de su renuncia consagre la impunidad, un fenómeno que ha frustrado varios juicios políticos en el pasado.
El clamor por la rendición de cuentas en la justicia es más fuerte que nunca. La situación de Bailaque no solo representa un caso individual, sino un llamado a la acción para reformar las instituciones y garantizar que todos los funcionarios públicos sean responsables de sus acciones.
Es crucial que sigamos atentos a los desarrollos de este caso y apoyemos la lucha por una justicia más transparente y equitativa. Mantente informado y comparte esta información para ayudar a promover la rendición de cuentas en el sistema judicial.
