El Gobierno nacional ha presentado una nueva estructura dentro de la Policía Federal Argentina (PFA), liderada por Patricia Bullrich y Javier Milei, con el objetivo de crear una fuerza moderna y especializada capaz de desarticular organizaciones criminales. Esta reforma busca responder a la creciente complejidad de los delitos en el país.
Sin embargo, la oposición ha expresado su preocupación, argumentando que esta reforma amplía la discrecionalidad en la labor policial y que su implementación requiere la aprobación del Congreso. Las modificaciones más destacadas incluyen la autorización para realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales y permitir requisas sin necesidad de autorización judicial en determinados contextos.
Detalles de la reforma y sus implicaciones
Entre los cambios propuestos, se incluye la posibilidad de que la policía detenga a personas basándose en circunstancias debidamente fundadas que sugieran la comisión de un delito, sin necesidad de una orden judicial. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la potencial erosión de los controles democráticos sobre las fuerzas de seguridad.
La reforma también se enmarca en un contexto más amplio que incluye la reciente sanción de la ley Antimafias y el DNU 1112/2024, que permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad interior. Estas medidas han encontrado resistencia en el Congreso, donde se discute su adecuación y el alcance de los poderes otorgados a las fuerzas de seguridad.
Reacciones desde el Congreso
Desde el bloque mayoritario en Diputados, el legislador José Glinski (Unión por la Patria) ha coincidido en la necesidad de modernizar la PFA, pero criticó que la reforma no se discuta en el ámbito parlamentario. Afirmó que esta decisión unilateral del Poder Ejecutivo puede llevar a abusos en la labor policial.
En sus redes sociales, Glinski subrayó que imponer una reforma así sin consenso no es fortalecer la seguridad, sino debilitar la democracia. La crítica se centra en que el decreto podría permitir la realización de actividades de inteligencia sin el debido control judicial, lo que podría consolidar un estado autoritario.
Por su parte, la legisladora Laura Rodríguez Machado (PRO) defendió la reforma, argumentando que permitirá a la PFA enfocarse en su misión original: combatir delitos federales y complejos, lo que podría mejorar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado.
Visión crítica de la oposición
Desde el bloque de Democracia para Siempre, la diputada Mariela Coletta ha manifestado que esta reforma debería ser debatida en el Congreso, señalando que el Gobierno elude el proceso democrático. Otros legisladores han calificado la situación como un virtual estado de sitio, argumentando que las detenciones policiales se realizarán sin el control adecuado.
El debate sobre esta reforma es crucial, ya que pone de manifiesto las tensiones entre la necesidad de seguridad y el respeto por los derechos democráticos. La forma en que se implementen estas medidas podría tener un impacto significativo en la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Si deseas estar informado sobre los avances y debates en torno a esta reforma, es importante seguir de cerca las novedades en el Congreso y cómo estas decisiones impactan en la seguridad y los derechos en Argentina.
