Recorte de más de $63.000 millones en el presupuesto
La situación en la salud pública de Argentina se ha complicado tras un recorte significativo en los fondos destinados a medicamentos, transferencias a provincias y programas sanitarios. Este ajuste fue formalizado en la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Durante un contexto de creciente tensión en el sector, estos cambios impactan directamente en los recursos que el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, puede utilizar.
El total de los recortes asciende a $63.021 millones, con la mayor parte destinada al programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, que pierde $25.000 millones en transferencias. Otro programa afectado es el de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, que verá reducidos $20.000 millones destinados a la compra de productos farmacéuticos.
Además, se han visto reducidas partidas para otras áreas clave. Por ejemplo, el programa de Cobertura Sanitaria Compensatoria perderá $5.000 millones, mientras que los fondos para la Investigación, Prevención y Tratamiento del Cáncer también sufrirán un recorte de $5.000 millones.
Ajustes en el entorno ministerial
Los ajustes no solo afectan a los fondos que se transfieren a las provincias. También hay recortes en recursos esenciales para el funcionamiento del ministerio, como alquileres, seguros y servicios de conectividad. Entre los organismos descentralizados, el Malbrán ha sufrido recortes de $1.162 millones, lo que impacta negativamente en la producción de biológicos y en el control de enfermedades.
Este recorte llega en un momento crítico, ya que se ha reportado un brote de Hantavirus en Ushuaia, que ha provocado un aumento del 50% en los contagios en Buenos Aires en comparación con el año anterior. A pesar de las alarmas, la tasa de mortalidad se mantiene alta, con siete fallecidos entre los 18 casos confirmados.
Impacto en el presupuesto de salud
Los datos del presupuesto reflejan una caída notable en el gasto en salud. Las transferencias a provincias y municipios han caído un 98,8% interanual solo en abril, lo que revela la falta de fondos para hospitales y programas esenciales. Esta tendencia se repite desde principios de 2026, y en los primeros cuatro meses del año, estas partidas mostraron una caída real del 92,6%.
El gasto de capital en la administración pública nacional también cayó un 19,3% en términos reales, lo que ha repercutido negativamente en obras y equipamiento sanitario.
¿Qué opinan las provincias?
La situación se vuelve más compleja a medida que más personas dejan los sistemas de prepagas y obras sociales para buscar atención en el sistema público. En Neuquén, por ejemplo, de aproximadamente 69.000 afiliados que tiene PAMI, 43.473 son usuarios activos del sistema público, generando una presión adicional.
Solo en marzo, se registraron 508.300 usuarios atendidos en hospitales y centros de salud públicos en Neuquén, un aumento del 30% en comparación con hace dos años. Sin embargo, una preocupación adicional es que el 62% de quienes utilizan el sistema público tienen obra social o prepaga, lo que indica que ellos podrían optar por atención privada.
Por su parte, en Córdoba, localidades como San Francisco y Villa María enfrentan un colapso similar. Allí, los municipios alertan sobre la falta de prestación de la obra social para jubilados, lo que afecta la atención en el sistema público.
Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, señalaron que el 80% de las obras sociales no cumplen con el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que limita cada vez más las prestaciones. Además, están preocupados porque uno de cada cuatro jubilados no puede acceder a sus medicamentos.
En Santa Fe, la situación es crítica, y se han visto obligados a establecer un nuevo sistema de logística sanitaria, ya que el envío de tratamientos por parte del Estado nacional ha disminuido constantemente. En 2024, la provincia recibió alrededor de 2 millones de tratamientos del programa Remediar, cifra que cayó a 920.000 en 2025 y apenas 175.000 en los primeros meses de 2026.
Las provincias también están reaccionando. En Corrientes, por ejemplo, han comenzado a proveer vacunas a adultos mayores beneficiarios de PAMI debido a la falta de envío desde la Nación. Los funcionarios expresan su preocupación por los cambios en el programa Remediar y cómo estos pueden afectar a las poblaciones más vulnerables.