Récord de denuncias por violencia y torturas tras fusión policial
La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad termina con un informe bastante impactante de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). Este documento presenta cifras alarmantes sobre casos de tortura y tratos degradantes en las cárceles federales y en el accionar de la Policía Federal, Gendarmería, PSA y Prefectura. Lo preocupante es que la situación parece haber empeorado en el primer semestre de este año.
La nueva responsable del Ministerio, Alejandra Monteoliva, será quien deba hacer frente a esta situación, herencia del mandato de Bullrich.
Haciendo un análisis más a fondo, la PPN ha publicado un informe de 415 páginas donde se detalla que en 2024, 271 personas fueron víctimas de torturas y/o malos tratos por parte de la policía. Además, hubo 646 víctimas que dieron lugar a un total de 1465 incidentes en las cárceles que dependen del Sistema Penitenciario Federal, que actualmente alberga a más de 11 mil internos. Todos estos casos están bajo el ámbito del Ministerio de Seguridad.
Sobre la violencia policial, el informe destaca que se identificaron 271 víctimas, con 54 de ellas documentadas a través de entrevistas. Las demás se registraron por las malas condiciones de encierro y la falta de alimentos. Sin embargo, al aplicar el Procedimiento de Investigación y Documentación, se encontraron 64 víctimas adicionales de tortura y/o malos tratos policiales, lo que suma 335 casos para el análisis.
En resumen, la PPN sostiene que, en un contexto penitenciario, hay 1465 casos de tortura, mientras que en el ámbito policial son 335. Esto muestra una clara necesidad de revisión en las prácticas actuales.
Récord en las cárceles federales
Los números no son nada alentadores. Las cárceles que se destacan en el ranking de torturas son el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Villa Devoto) y el Complejo Penitenciario Federal VI en Luján de Cuyo, Mendoza. En Villa Devoto se registraron 271 casos, mientras que en Luján, fueron 109.
El informe menciona un amplio espectro de unidades donde se identificaron víctimas de malos tratos. Estas incluyen centros que albergan tanto a hombres como a mujeres, jóvenes y adultos, de distintas localidades, evidenciando la extensión del problema de la tortura en el sistema penitenciario federal.
Ahora, si analizamos las categorías de maltrato, las condiciones materiales de detención son las más reportadas, con 427 casos. Otras que inquietan son agresiones físicas (363), aislamiento (146), la falta de asistencia a la salud (145) y la falta de alimentos (99).
Es interesante destacar que el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos fue creado en 2010 por un acuerdo entre varias instituciones, buscando visibilizar esta problemática.
El Reporte N°7
En su último informe titulado “Revictimización”, la PPN muestra que, solo en el primer semestre de 2025, 201 personas fueron víctimas de la violencia institucional, ya sea por parte de fuerzas de seguridad o del sistema penitenciario.
El Reporte N°7, que lleva el nombre de “Víctimas de violencias penitenciarias/policiales reiteradas”, presenta un panorama complejo. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, se informaron 117 expedientes de casos de tortura y malos tratos. Para ponerlo en perspectiva, esto se traduce en más de una víctima diaria de la violencia policial o penitenciaria.
El dato más sorprendente es que de esas 201 víctimas, 17 experimentaron violencia más de una vez.
La Provincia de Buenos Aires
Al considerar las provincias, el número total de víctimas asciende a 1198, que describieron más de 4700 incidentes de tortura y malos tratos. En la provincia de Buenos Aires, con su gran población carcelaria, se reportaron 552 víctimas, lo que permite individualizar 3280 hechos.
Los tres penales con más incidentes son los de Florencio Varela, Magdalena y Sierra Chica. Aquí, mientras que a nivel federal, las principales categorías son las malas condiciones de detención y agresiones físicas, en Buenos Aires destacan la falta de asistencia de salud y el aislamiento. Además, la Policía Bonaerense también está implicada, con 137 casos reportados.
Por último, el informe concluye que este panorama confirma que la tortura en el sistema penal argentino es un problema estructural, extendido y persistente.
Es curioso cómo el Servicio Penitenciario Federal, que históricamente estuvo bajo el Ministerio de Justicia, ha sido gestionado por Bullrich en el contexto del gobierno de Javier Milei, quien amplió sus facultades para controlar a todas las fuerzas, incluyendo a los penitenciarios. Esta situación plantea muchas preguntas sobre el futuro del sistema y las próximas decisiones que se tomarán.