Rechazo empresarial a la eliminación de aportes voluntarios
El sector mayorista ha manifestado su descontento ante un cambio de último momento en el artículo 128 de la reforma laboral, promovido por el Gobierno. Según ellos, este cambio es “llamativo y contradictorio”, ya que reinstaura la obligación de hacer aportes a las cámaras empresariales y perpetúa un sistema de recaudación que carece de control público.
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), señalaron que la redacción inicial del artículo establecía que estos aportes eran voluntarios. Sin embargo, con esta reciente modificación, se asegura la recaudación de fondos millonarios sin transparencia ni rendición de cuentas clara.
Así las cosas, también se hace evidente un conflicto de intereses. Tanto la Cámara Argentina de Comercio (CAC) como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) están en la mesa paritaria y, al mismo tiempo, son beneficiarias de estos aportes obligatorios que gestionan a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).
Un sistema millonario sin trazabilidad
El aporte obligatorio al INACAP requiere que los empleadores destinen el 0,5% del salario de los trabajadores de la categoría Maestranza A, que abarca a más de 1,2 millones de empleados bajo el convenio mercantil. Estos fondos suelen redistribuirse entre la CAC y la CAME, bajo la justificación de fomentar la capacitación y el fortalecimiento institucional.
Desde CADAM advierten que cada aumento salarial en paritarias incrementa automáticamente la recaudación de estas entidades, que son clave en la negociación. Esto profundiza aún más el conflicto de intereses ya existente.
En un contexto anterior, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había dispuesto por decreto que estos aportes fueran voluntarios. Pero, una medida cautelar del propio INACAP dejó sin efecto esta decisión, argumentando que el instituto es “independiente”. Durante el proceso judicial, el INACAP admitió que recauda más de $30.000 millones anuales, pero no aclaró cuánto de ese monto se destina realmente a capacitación y cuánto se destina a mantener cámaras empresariales, viajes o actividades políticas. Además, las entidades empresariales han señalado la falta de trazabilidad de esos fondos y la existencia de cámaras que no representan a los trabajadores realmente.
Reclamos ante el Congreso
Desde el año pasado, diversas entidades han presentado críticas ante el Congreso de la Nación. Entre ellas están la Confederación Federal PyME, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria, la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina.
Estos cuestionamientos también han llegado de sectores industriales, como la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA), que también atraviesan situaciones similares de aportes obligatorios, apoyando el proyecto del Poder Ejecutivo para volverlos opcionales.
Otro punto de crítica ha sido la continuidad del aporte solidario por COVID-19 a la obra social OSECAC. Este aporte, vigente desde abril de 2021, sigue siendo requerido hasta hoy, incluso para empleados que no están afiliados a dicha obra social. “La reforma laboral mantiene costos ocultos en las paritarias que aumentan el costo laboral y afectan la generación de empleo formal”, advirtieron.
La ley original y el cambio de último momento
El texto original de la reforma establecía que los aportes patronales especiales no podían exceder el 0,5% de las remuneraciones y que, a partir del 1 de enero de 2028, serían estrictamente voluntarios, sin posibilidad de imposición mediante convenios colectivos.
Sin embargo, la modificación reciente ha mantenido la obligatoriedad, lo que ha generado gran indignación en numerosos sectores del empresariado. Para ellos, esta medida consolida un esquema de recaudación opaca, carente de controles y con importantes conflictos de intereses.