El Gobierno argentino busca implementar cambios en el régimen penal juvenil, un tema que ha suscitado fuertes reacciones, especialmente desde la Iglesia. Este martes, se llevará a cabo un plenario de comisiones en Diputados para debatir sobre la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una iniciativa que ha sido objeto de controversia desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social, ha manifestado un claro rechazo a esta propuesta, afirmando que no nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Según él, encarcelar a jóvenes no aborda las causas fundamentales de la delincuencia, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la medida.
Una Mirada Crítica a la Propuesta
La postura de la Iglesia subraya que la solución a la delincuencia juvenil debe ser integral y no meramente punitiva. Creemos que es una realidad que hay que abordar de una manera amplia y multisectorial, explicó Braida, quien argumenta que es necesario entender por qué jóvenes de tan corta edad llegan a cometer delitos graves.
Desde la Iglesia, se ha resaltado que lo que realmente necesitan estos jóvenes son oportunidades, no condenas. Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas, afirmó Braida, quien también hizo un llamado al Gobierno para que escuche a todos los sectores sociales y se busquen soluciones más efectivas.
Posiciones en el Debate Legislativo
El oficialismo está trabajando para obtener un dictamen favorable para el proyecto, apoyándose en acuerdos con sectores de la UCR, el PRO, el MID y bloques aliados. En este contexto, el debate gira en torno a la edad de imputabilidad, con tres posturas principales: el Gobierno propone reducirla a 13 años, otros sectores abogan por 14, y la oposición quiere mantenerla en 16 años.
A pesar de que la propuesta original planteaba un cambio a los 13 años, el consenso parece inclinarse hacia los 14. Sin embargo, ninguno de los proyectos en discusión incluye partidas presupuestarias específicas para la construcción de centros de detención para jóvenes, lo que plantea preocupaciones sobre la viabilidad de implementar esta medida.
Reformas Necesarias en el Régimen Penal Juvenil
La necesidad de reformar el actual Régimen Penal de Minoridad (Ley 22.278), implementada durante la dictadura, es un punto de acuerdo entre los bloques políticos. La mayoría de los proyectos propuestos abogan por fortalecer programas socioeducativos en los centros de detención y promover alternativas a la reclusión, priorizando la inversión en infraestructura adecuada para adolescentes.
El debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad no solo es una cuestión legal, sino que refleja una profunda necesidad de abordar las raíces de la problemática juvenil. La Iglesia y otras organizaciones están pidiendo un enfoque que priorice la prevención y la reintegración social, en lugar de castigos que no resuelven las causas subyacentes.
Un Llamado a la Reflexión
La postura de la Iglesia no es un reclamo aislado, sino que resuena en diversas organizaciones sociales que abogan por un enfoque más humano y efectivo frente a la delincuencia juvenil. La situación actual requiere un análisis profundo y un compromiso real por parte de todos los actores involucrados en la búsqueda de soluciones que vayan más allá de las medidas punitivas.
En este contexto, es fundamental que se abra un espacio de diálogo y reflexión donde todas las voces sean escuchadas. La problemática de la delincuencia juvenil es compleja y demanda respuestas que consideren el bienestar de los jóvenes y la sociedad en su conjunto.
