Rechazo a la ley de glaciares en audiencia con gobernadores
Después de una intensa jornada de audiencias públicas, la Cámara de Diputados dio por cerrada la participación ciudadana sobre la reforma a la ley de Glaciares. Este proyecto, que ya recibió media sanción en el Senado, sigue generando controversia. De los 80 disertantes que se presentaron, un sorprendente 95% (76 oradores) no apoyó la propuesta en su forma actual. Curiosamente, tres de los cuatro que sí la respaldaron provienen de empresas mineras.
El ambiente en las audiencias no fue el más pacífico. Desde su inicio, se cuestionó la representatividad en la participación, lo que llevó a la presentación de dos demandas cautelares, aunque fueron rechazadas por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7. A pesar de más de 120.000 inscriptos, el número de participantes fue limitado.
En la primera jornada, solo se invitó a hablar a 196 personas, de las cuales apenas 95 se presentaron. De esos, 84 rechazaron la reforma. Para agregar leña al fuego, las diputadas peronistas Sabrina Selva y Lucía Cámpora denunciaron que algunos representantes ligados a las mineras hablaron sin estar en esa lista. Entre los que esperaron su turno, hubo cuatro que debieron irse sin poder participar, luego de doce horas de espera.
Los próximos pasos están en el aire. Hay iniciativas contrapuestas: una busca una consulta popular vinculante y la otra propone llevar el proyecto a votación el próximo 8 de abril. Se espera que el Gobierno intente garantizar la presencia de gobernadores interesados en inversiones mineras, tal como sucedió en el Senado. Ante esto, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió que se convoque también a los gobernadores de provincias donde sus recursos hídricos podrían verse afectados por cambios en la ley.
Audiencia pública por la reforma a la ley de Glaciares
Durante las audiencias, la voz de Pablo Eugenio Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), resonó fuerte. Habló sobre la falta de un presupuesto mínimo que garantice la protección de todos los procesos hídricos que trascienden las fronteras de las provincias. En sus palabras, la nueva legislación no contempla la financiación necesaria, lo que deja a su entidad en una situación incierta.
La ex diputada Graciela Camaño también se unió a la discusión, enfatizando que el debate no respetó el acuerdo de Escazú, ya que la participación ciudadana llegó después de la redacción y media sanción del proyecto. Consideró que esto podría invalidar cualquier acción que se tome en estas condiciones, pues se estaría violando un elemento fundamental del proceso.
La única voz a favor entre los primeros oradores fue Pablo Marcet, un geólogo que se presentó hablando en nombre propio. Criticó la minería ilegal y argumentó que la minería no consume una gran cantidad de recursos hídrico. A su vez, otros dos participantes que respaldaron la reforma fueron Néstor Rigamonti, gerente de Minera Santa Cruz, y Guillermo Pensado, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros.
Reforma a la ley de Glaciares: el proyecto
Este proyecto de reforma se incluye en las prioridades legislativas del actual gobierno. Busca modificar la Ley 26.639 de Protección de los Glaciares, reafirmando su status como reservas estratégicas de recursos hídricos. Tras la presentación de la minería como un pilar para las inversiones en el país, se mencionan cinco proyectos en fase de evaluación que podrían sumar hasta 30.000 millones de dólares.
Una de las modificaciones clave es la posibilidad de que las autoridades locales determinen cuándo una reserva es “estratégica” y cómo se gestiona el Inventario Nacional de Glaciares (ING). Además, se introducirán cambios que flexibilizan el esquema de autorizaciones para la explotación minera, restando un poco de poder a la Cancillería y los Comités de Cuenca.