Proyecto de aranceles en salud y educación para extranjeros en la provincia
Un grupo de legisladores de La Libertad Avanza y el PRO presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto que propone que los extranjeros sin residencia permanente paguen por utilizar hospitales públicos y cursar estudios en universidades estatales.
Para identificar a quiénes se aplicará esta medida, la iniciativa se basa en la Ley Nacional 25.871, que clasifica a las personas en residente permanente, residente temporario, residente transitorio y aquellos con autorización de residencia precaria. La idea es clara: priorizar a los bonaerenses en el acceso a servicios públicos, argumentando que estos son financiados por los contribuyentes. “No es justo que quienes están de paso en el país usen estos servicios sin contribuir”, dicen los promotores del proyecto.
La propuesta llega en un contexto complicado, justo después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, lo que provocó una oleada de críticas en redes sociales. En medio de este clima, el diputado Agustín Romo, uno de los autores de la norma, compartió su indignación en X: “¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis y se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”.
Cómo funcionaría el cobro en salud y educación
En el ámbito de la salud, quienes no tengan residencia permanente deberán afrontar los costos de los servicios médicos que reciban, ya sea de su propio bolsillo, con un seguro médico o mediante un tercero. Para consultas programadas o atenciones rutinarias, tendrán que demostrar que tienen cobertura o pagar el arancel antes de acceder al servicio.
No se necesitaría crear una nueva estructura para gestionar el cobro, ya que la iniciativa propone utilizar el Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.), que ya cuenta con los mecanismos necesarios para la facturación. El dinero recaudado se destinaría al Fondo Provincial de Salud, que se emplearía en insumos, equipamiento, medicamentos y mejoras en los hospitales.
Es importante resaltar que, en situaciones de riesgo para la vida, nadie podrá ser rechazado o demorado por no poder pagar. La recuperación de costos comenzaría solo una vez que el paciente esté estabilizado. También quedan exentas del cobro las víctimas de trata y los actos de prevención, vacunación o control de enfermedades transmisibles, que son consideraciones de salud pública.
En el ámbito universitario, la idea es similar. Las universidades estatales de Buenos Aires deberán establecer aranceles para los extranjeros sin residencia permanente que cursen carreras de grado. Cada institución decidirá los montos, las formas de pago y actualizaciones, destacando que “la Provincia no puede seguir financiando sin límites la formación de personas que no se han comprometido permanentemente con el país”.
Como parte de la propuesta, también se introduce una cláusula de rendición de cuentas. Tanto el Ministerio de Salud como las universidades deberán informar anualmente sobre los servicios prestados, lo que se facturó y cobró, las exenciones otorgadas, y los gastos que generó este esquema, asegurando que no se exponga información personal. La aplicación de estas medidas estará dividida entre el Ministerio de Salud y cada universidad.
Además, se deja la puerta abierta para que los municipios con centros de salud se sumen al esquema. Si el proyecto se aprueba, el Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentarlo y las universidades también tendrán ese mismo tiempo para adaptar sus normativas.
El proyecto cuenta con el respaldo de legisladores como Nahuel Sotelo, Juan Osaba, Alejandro Rabinovich, entre otros.