Proyecto busca restituir subsidios para transporte de discapacitados

La situación que se está viviendo en torno al acceso al transporte gratuito ha generado bastante preocupación. Recientemente, se conoció que el Gobierno, a través de una resolución, decidió eliminar un sistema que venía funcionando desde 2018. Este sistema permitía que el Estado cubriera parcialmente los costos de los pasajes gratuitos que las empresas de transporte interjurisdiccional debían ofrecer a ciertos grupos de beneficiarios.

El diputado Pablo Giuliano, del bloque de Unión por la Patria y uno de los impulsores de un nuevo proyecto de ley, destacó que esta medida no solo es injusta, sino que afecta derechos fundamentales de sectores vulnerables. “No se puede sostener un derecho si se quitan las herramientas para ejercerlo”, afirmó Giuliano, evidenciando así la gravedad de la situación.

Este proyecto también hace hincapié en que eliminar el transporte gratuito no solo vulnera principios constitucionales, sino que representa un retroceso en los derechos sociales. La inclusión y la accesibilidad a servicios esenciales, como la salud y la educación, dependen en gran medida de que se mantengan estos beneficios.

Además, esta decisión tiene un impacto significativo en el interior del país. Muchas personas dependen de servicios de transporte de larga distancia para acceder a atención médica especializada. Al quitar los subsidios, se profundizan las desigualdades, lo que pone en riesgo la salud y el bienestar de muchas familias.

La resolución del Gobierno, publicada en el Boletín Oficial, elimina la compensación económica para las empresas de transporte automotor de larga distancia que otorgan pasajes gratuitos a personas con discapacidad, entre otros grupos vulnerables. Si bien la normativa aclara que esto no modifica el derecho de los usuarios a obtener esos pasajes sin costo, la preocupación persiste sobre cómo se implementarán realmente estas políticas en el día a día.

Este asunto está lejos de ser solo un tema legislativo; afecta a la vida cotidiana de muchas personas que necesitan acceder a servicios básicos. La conversación está abierta y es fundamental mantenerse informados sobre cómo evoluciona esta situación.

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