Procesan a exfuncionarios por defraudación con fondos de guardapolvos
La Justicia federal ha tomado decisiones importantes en torno a una presunta estafa que involucra a exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y algunos responsables de cooperativas. En total, 14 personas fueron procesadas por su supuesta implicación en este escándalo relacionado con la elaboración de guardapolvos escolares.
La investigación está centrada en el desvío de más de $710 millones en subsidios estatales que se otorgaron durante el gobierno de Alberto Fernández en 2023. El juez Sebastián Casanello ha encontrado evidencias que sugieren que los implicados llevaron a cabo lo que él describe como una “compleja maniobra de administración infiel”, que permitió redirigir fondos públicos que estaban destinados a un programa social para la producción de uniformes escolares.
Se sabe que el dinero fue destinado a la Cooperativa de Trabajo “15 de Julio Ltda.”, en virtud de un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, parte de este dinero habría sido mal manejado, con el objetivo de obtener beneficios personales, a costa del bienestar del Estado.
Entre los procesados se encuentran nombres destacados como Leonardo Sebastián Moyano, exsecretario de Articulación de Política Social, y Osvaldo Eugenio Minervini, exdirector de Organización Comunitaria. También están involucradas personas que eran asesoras y otros miembros de las cooperativas en cuestión.
El fallo indica que, aunque el Estado desembolsó la totalidad del subsidio que pasó los $710 millones, no se cumplió con la entrega total de los 165.000 guardapolvos prometidos. ¿Qué sucedió entonces? Se identificaron serias irregularidades en la documentación: desde subcontrataciones poco claras hasta pagos sin justificación y una falta de rendición contable adecuada.
En esta historia, el 28 de febrero de 2023 se firmó un convenio que asignó una considerable suma para la producción de los guardapolvos destinados a escuelas estatales. Sin embargo, la Justicia tiene motivos para sospechar que una parte significativa de esos fondos se manejó de manera incorrecta, para beneficio personal de algunos implicados, perjudicando así a la administración pública.
Las irregularidades son alarmantes. Hablan de una “compleja maniobra de defraudación” que involucró la subcontratación de otras entidades, la creación de documentos falsos y problemas con la trazabilidad del dinero público. Se detectaron también pagos millonarios a organizaciones que no tenían la capacidad para llevar a cabo estas tareas o cuyos objetivos no coincidían con las labores asignadas.
Lo más inquietante es que, a pesar de que se pagó el acuerdo completo, solo se presentó documentación que justificaba la entrega de 115.000 guardapolvos. Además, se encontraron errores en las constancias de recepción y discrepancias entre las cantidades reales y las que se habían certificado.
La transparencia en el manejo de fondos públicos es fundamental. Este caso resalta la necesidad de mayor vigilancia y control para que no se repitan situaciones similares. En definitiva, una historia que podría ser el guion de una película, pero que es muy real y afecta a la comunidad educativa.