La reciente decisión del juez penal de Rosario, Nicolás Foppiani, ha marcado un hito importante en la investigación de la agroexportadora Vicentin. Cuatro exdirectivos de la empresa, Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, enfrentarán una prisión preventiva de 120 días por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada a realizar estafas significativas.
Este caso, que ha captado la atención pública y mediática, se enmarca en el contexto de un default que Vicentin declaró en diciembre de 2019, con deudas que superan los u$s1.300 millones. La Fiscalía de Delitos Complejos ha sido clara al señalar que las maniobras ilegales realizadas por los directivos no solo afectaron gravemente a la empresa, sino que también perjudicaron a sus empleados y acreedores.
Irregularidades financieras y desvío de fondos
Según las investigaciones, entre 2019 y 2024, los acusados habrían desviado casi $6.000 millones de Vicentin para fines personales. Además, se menciona que se habrían autoasignado retiros voluntarios por alrededor de $2.000 millones. Estos actos no solo dañaron el patrimonio de la empresa, sino que también llevaron a que los empleados enfrentaran serios problemas para cobrar sus salarios.
Otro aspecto alarmante es que parte del dinero desviado se utilizó para pagar un seguro de caución personal, más concretamente una fianza que supera los $40 millones, todo con el fin de eludir la prisión. La Fiscalía enfatiza que estas acciones continuaron incluso tras el inicio del concurso de acreedores, evidenciando un patrón de comportamiento que prioriza los intereses de los directivos sobre los de la empresa y sus trabajadores.
Contexto y consecuencias legales
La causa involucra a un total de 19 exdirectivos de Vicentin, incluyendo a miembros actuales del directorio. La Fiscalía sostiene que el cese de pagos de la empresa no fue producto de problemas económicos, sino resultado de maniobras fraudulentas que incluyeron la falsificación de documentos para obtener créditos y granos. Estas acciones fueron deliberadas, con la plena conciencia de que no podrían cumplir con sus obligaciones.
Las investigaciones también han revelado conexiones políticas, ya que algunos exejecutivos habrían recibido favores durante la gestión de Carlos Vaudagna, exdirector de la AFIP, quien admitió haber intervenido para evitar sanciones fiscales a la empresa antes del default.
Un panorama complejo para Vicentin
Desde 2020, la Fiscalía de Delitos Económicos ha estado investigando a estos exdirectivos, y la reciente detención de Scarel, Macua, Gazze y Buyatti es solo un paso en un proceso judicial más amplio. En 2023, el fiscal Miguel Moreno solicitó penas de hasta 17 años de prisión para varios de ellos, debido a los cargos de fraude y asociación ilícita.
La situación actual de Vicentin es crítica, ya que la empresa carece de materia prima y fondos. A medida que se intensifican las presiones, se plantea un esquema para el pago de salarios, mientras se busca retomar las actividades. Sin embargo, los retos son enormes y la incertidumbre persiste en torno a su futuro.
Este caso resalta la importancia de la transparencia y la ética en la gestión empresarial, así como la necesidad de que los responsables rindan cuentas por sus acciones. ¿Qué medidas se implementarán para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro?
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