El fiscal federal Eduardo Taiano ha solicitado que el policía Cristian Rivaldi sea llamado a declarar en relación con el caso de Fabrizia Pegoraro, una niña de 10 años que fue rociada con gas lacrimógeno durante una marcha en el Congreso el 11 de septiembre de 2024. Rivaldi enfrenta acusaciones de abuso de autoridad y lesiones leves.
Taiano formalizó su pedido este martes, argumentando que la acción de Rivaldi no estaba justificada, dado que las grabaciones del incidente muestran a Fabrizia y su madre sentadas pacíficamente en la vía pública sin ejercer ningún tipo de resistencia o violencia. No había una situación amenazante que justificara el uso de armamento no letal, explicó el fiscal en su dictamen.
Contexto del Incidente
El caso fue tomado por Taiano tras la denuncia de Fabrizia y su madre, Carla Marina Pegoraro, que solicitaron una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. En esa ocasión, el fiscal requirió la identificación de los oficiales presentes y pidió información sobre el procedimiento realizado durante la manifestación.
Declaraciones de la Niña Afectada
Días después del incidente, Fabrizia relató su experiencia a los medios, afirmando que los policías parecían orgullosos de haberle lanzado gas pimienta. No me lo esperaba, porque supuestamente la policía está para cuidarnos, no para afectarnos, comentó la niña en una entrevista. Su testimonio resalta la percepción de que la actuación policial fue desproporcionada y contraria a su deber de proteger a los ciudadanos.
El hecho se produjo en el contexto de una manifestación pacífica en contra del veto a la ley de recomposición jubilatoria, donde se esperaba que los asistentes se expresaran sin incidentes. Fabrizia y su madre enfatizaron que no habían realizado ninguna acción provocativa hacia la policía y que simplemente estaban participando en la protesta.
Reacciones y Consecuencias
La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se pronunció sobre el incidente, criticando a la madre de Fabrizia y calificándola de irresponsable por llevar a su hija a una marcha de este tipo. Esta declaración ha generado controversia, al poner en duda la responsabilidad de la madre en un evento que debería ser seguro para todos los participantes, especialmente para los más jóvenes.
Este caso ha suscitado un debate más amplio sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. La situación pone de relieve la necesidad de una revisión de las prácticas policiales y el manejo de manifestaciones pacíficas.
Para quienes deseen seguir de cerca el desarrollo de este caso y sus implicaciones en la justicia y los derechos humanos, es fundamental estar atentos a las actualizaciones en medios de comunicación confiables. La participación activa de la sociedad en la defensa de los derechos es crucial para asegurar que se tomen las medidas adecuadas y se prevengan abusos en el futuro.
