Polémica por la paralización de obras clave para evitar inundaciones
El Gobierno ha decidido paralizar obras esenciales en la cuenca del Río Salado, un hecho que ha suscitado gran preocupación entre los habitantes de la región. Las inundaciones que afectaron a Bahía Blanca a principios de marzo ocurrieron solo dos días después de que se detuvieran estos proyectos, que llevan más de 30 años en desarrollo y son cruciales para mitigar desastres naturales.
Más de 2.000.000 de hectáreas se vieron afectadas por el temporal, y las empresas contratistas que trabajan en el dragado del río han denunciado la falta de pagos por parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, lo que ha llevado a una orden de neutralización de los trabajos.
Impacto de la paralización en las obras
Los trabajos en la cuenca han presentado un avance de más del 60%, sin embargo, solo se ha pagado el 20% de lo ejecutado hasta el momento. Las compañías afectadas argumentan que el cumplimiento de los pagos es fundamental en una relación contractual y están dispuestas a continuar, a pesar de la complicada situación económica del país.
Los intendentes de la zona han expresado su sorpresa al descubrir que el Fondo Nacional de Fideicomiso para Infraestructura Hídrica cuenta con los recursos necesarios para saldar las deudas y continuar las obras. Es alarmante que estos fondos se encuentren depositados en plazos fijos, generando ganancias para el Estado mientras las obras permanecen paralizadas.
La situación plantea la posibilidad de que esta paralización sea una maniobra deliberada para afectar financieramente a las empresas contratistas, lo que podría tener implicaciones penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, el Gobierno continúa recaudando impuestos destinados a obras de infraestructura hídrica, lo que podría implicar responsabilidades por malversación de recursos públicos.
Consecuencias de la falta de acción
La ley permite al Gobierno Nacional renegociar o rescindir contratos de obras públicas, pero esta decisión debe ser comunicada a los contratistas y respaldada por un informe técnico-económico. Sin embargo, no se ha realizado dicha comunicación, a pesar de que las obras estaban consideradas prioritarias y con un alto porcentaje de ejecución.
Un productor agropecuario de la región ha señalado que, si se judicializa el conflicto, se podría frustrar el Plan Maestro Integral del Río Salado, que es vital para evacuar el excedente hídrico de varias provincias. La paralización de las obras no solo afectaría a las empresas, sino también a miles de productores y habitantes que dependen de estas infraestructuras.
La interrupción de estas obras no solo pone en riesgo la economía local, sino que también aumenta la vulnerabilidad de vastas zonas rurales ante futuros desastres naturales.
La necesidad de retomar las obras
El Plan Maestro Integral del Río Salado, que lleva más de 20 años en desarrollo, es fundamental para mitigar inundaciones y potenciar la producción agropecuaria en la región. La negligencia en esta situación es inaceptable, especialmente cuando existen los fondos necesarios para continuar las obras.
La finalización de estos trabajos es crucial para prevenir futuros desastres naturales y garantizar el desarrollo sostenible en la provincia de Buenos Aires. Es vital que se tomen acciones inmediatas para retomar estas obras y proteger a la comunidad.
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