Parlamento de Venezuela discute ley de amnistía para prisioneros

La Asamblea Nacional de Venezuela está debatiendo, en una segunda discusión, la Ley de Amnistía para presos políticos, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Este proyecto ya ha recibido una media aprobación y podría beneficiar a detenidos como Nahuel Gallo, aunque ha generado muchas críticas de organizaciones civiles por su ejecución acelerada y sus posibles exclusiones.

Rodríguez anunció la iniciativa a fines de enero, explicando que la idea es crear una amnistía general que cubra toda la violencia política desde 1999 hasta el presente. Solicitó a la comisión para la Revolución Judicial que presentara la ley al Legislativo de manera urgente, pidiendo colaboración total de los legisladores.

El propósito de la ley es “reparar las heridas” causadas por la confrontación política. Rodríguez destacó que la propuesta cuenta con el apoyo del expresidente Nicolás Maduro, pero también dejó claro que quienes estén procesados o condenados por homicidio, narcotráfico, corrupción y graves violaciones de derechos humanos quedarán excluidos.

La amnistía, tal como se ha redactado, abarcaría hechos desde 1999, es decir, durante 27 años de gobiernos chavistas. Sin embargo, el artículo 6 limita su aplicación a determinados episodios políticos, incluyendo el golpe de Estado de 2002 y las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024.

A pesar de la intención de la ley, varias organizaciones no gubernamentais han expresado su preocupación. Según Marino Alvarado, coordinador de Provea, la ley podría dejar afuera a muchos detenidos que fueron arrestados durante una represión sistemática. Entre los mencionados se encuentra el abogado Eduardo Torres, que fue detenido en 2025, y Rocío San Miguel, arrestada en 2024.

El proyecto ha sido criticado no solo por las exclusiones, sino también por su redacción. La ONG Acceso a la Justicia señaló que el uso del término “extremismo” podría descalificar a quienes buscan beneficiarse de la amnistía, sugiriendo que ya se les presupone culpabilidad. También criticaron el concepto de “clemencia soberana”, argumentando que desnaturaliza el propósito de la amnistía.

En el Parlamento, la coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, advirtió que la ley no debería ser tratada con tanta urgencia, sugiriendo que se necesita más tiempo para cumplir con estándares internacionales.

Con el apoyo mayoritario chavista, la ley fue aprobada en primera discusión y se espera que, en medio de este debate, se sancione definitivamente, mezclando expectativas de liberación con advertencias sobre sus restricciones.

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