Nación y Ciudad podrán traspasar el Servicio Penitenciario sin Congreso

Los equipos del gobierno de la Nación y de la Ciudad continúan trabajando en el borrador enviado en junio por la cartera de Patricia Bullrich al ministro porteño Horacio Giménez y a Gabino Tapia, el responsable de Justicia en la Capital. Este convenio busca abordar el traslado de detenidos que actualmente están en alcaidías de CABA, que, hay que decirlo, están bastante saturadas. Además, se trataría de transferir algunas competencias del SPF.

En un principio, se esperaba que las partes firmaran el acuerdo antes del 8 de julio, para evitar cualquier contratiempo en el Congreso. Sin embargo, la presión del gobierno nacional para alcanzar un acuerdo antes de ese plazo no dio sus frutos. Cuando llegó la fecha y se cayeron los superpoderes, parecía que el acuerdo, aún sin firmar, ya tenía un camino parlamentario asegurado. Pero ahora han surgido algunos atajos que podrían modificar el rumbo.

Desde el gobierno porteño, liderado por Jorge Macri, confirmaron que los equipos legales están revisando a fondo los detalles más críticos del convenio. Lo interesante es que, según la “ley Cafiero”, aprobada en noviembre de 1997, se podría esquivar el proceso legislativo nacional y concretar el traspaso únicamente con la firma de un decreto.

Una fuente involucrada en las discusiones mencionó: “Estuvimos revisando la ‘letra chica’ de esa normativa y no necesariamente el traspaso del SPF debería pasar por el Congreso”. Esto es porque la ley 24.588 no menciona específicamente cómo se debería llevar a cabo el traspaso del servicio penitenciario, lo que permite que se haga mediante un acuerdo directo entre las partes.

Así que la concreción del acuerdo dependería de Nación, principalmente de la voluntad de Bullrich, quien se postula como senadora nacional en CABA por la alianza entre La Libertad Avanza y PRO. Dado que ella será la cara visible de la campaña electoral, en los círculos porteños creen que esto podría acelerar la firma del convenio. Aunque también hay quienes piensan que podría usar las elecciones a su favor.

Por ahora, el acuerdo no solo abarcaría a los detenidos en alcaidías, sino también el traspaso de instalaciones como un pabellón en el penal de Ezeiza y parte de la nueva construcción en la cárcel de Marcos Paz. También se planea trasladar a los detenidos de la cárcel de Devoto, que dejaría de funcionar. Y en CABA aseguran que esto incluiría personal y fondos, algo que fue demandado desde el inicio.

Actualmente, según datos oficiales, hay 2.403 detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad. De ellos, 270 están imputados, 1.769 procesados y solo 364 condenados. Entre esos, hay 1.633 que están detenidos por delitos contra la propiedad, 311 por delitos contra la integridad y 158 por delitos contra las personas. Un dato importante: 466 son extranjeros, con una variedad de nacionalidades.

Sigue el debate en la Legislatura porteña por el Servicio Penitenciario de CABA

Simultáneamente, en la Legislatura porteña se han activado las discusiones sobre un proyecto que busca crear un Sistema Penitenciario local. Esto se está haciendo para preparar el terreno para un eventual traspaso con Nación, y así evitar problemas legales en el futuro.

Hasta ahora han participado comisiones de Justicia, Legislación del Trabajo, Seguridad y Asuntos Constitucionales, donde han recibido a funcionarios porteños, como el subsecretario de Política Criminal de Ciudad, Leandro Halperin. También han estado presentes especialistas y organismos privados discutiendo derechos y obligaciones en el marco del sistema penitenciario.

Se ha hablado sobre el desarrollo de un “Plan de Vida” para quienes están privados de libertad. La idea es proporcionarles herramientas para su reinserción social, integrándolos en programas de educación, trabajo y salud mientras están encerrados. “Todos los proyectos apuntan a la idea de la reintegración social”, comentó Halperin durante uno de los debates.

La legisladora del peronismo Graciana Peñafort subrayó la importancia de no restringir derechos más allá de lo que la ley permite. Ha expresado que todo lo que se prohíba deberá estar claramente contextualizado.

También han participado organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Espartanos, que compartió su experiencia usando el rugby como herramienta de transformación. Por su parte, Juan Pablo Parchuc, investigador de la UBA, planteó la necesidad de separar las funciones de seguridad de las educativas y sanitarias, sugiriendo que deberían estar en manos de civiles.

Se han escuchado a exconvictos, como Rocío Jara, que insistieron en la importancia de implementar políticas con perspectiva de género. Además, Mariano Bocassi destacó que “la educación y el trabajo son fundamentales para la reintegración” y deben ser gestionados por ministerios civiles, no por el servicio penitenciario.

Es un tema complejo y en evolución, que requiere la colaboración de todos los sectores para encontrar soluciones efectivas y humanas.