Milei propone traspaso del Fuero del Trabajo a CABA en reforma laboral
El extenso proyecto de ley, que cuenta con 196 artículos, llegó la semana pasada al Congreso de la Nación a través del Senado. Este envío se da en el contexto de las sesiones extraordinarias convocadas por el oficialismo, donde también se discutirá el Presupuesto 2026. Mientras tanto, todos los ojos están puestos en el debate sobre salarios, indemnizaciones y convenios colectivos. Sin embargo, La Libertad Avanza también tiene en agenda un punto específico: el 91.
Incluir una aclaración en un proyecto tan importante como la modernización de la legislación laboral es un mensaje claro del Gobierno nacional. La intención es desarticular los juzgados nacionales que actualmente gestionan los casos en la Ciudad de Buenos Aires. En el oficialismo, consideran esto un vestigio del pasado, ya que en otras provincias tienen sus propios fueros. No dudan en calificar a estos juzgados como “anti empresas” y “cercanos al kirchnerismo”.
Una alta fuente del Gobierno de la Ciudad comentó que este artículo es “muy auspicioso”, ya que refleja un compromiso con la autonomía de la Ciudad y busca transferir las competencias judiciales que aún están pendientes.
Ciudad y Nación avanzan en el traspaso del fuero laboral
En su afán por la autonomía, en diciembre de 2024 la Legislatura porteña aprobó la ley 6789, que modificó la normativa del Poder Judicial en la Ciudad. Esta ley dio luz verde a la creación de un nuevo fuero, que contará con diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y una Cámara de Apelaciones del Trabajo compuesta por dos salas.
Desde entonces, el Consejo de la Magistratura de CABA ha iniciado el proceso para que funcione esta nueva instancia judicial. Sin embargo, la reglamentación ha generado inquietud en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que logró una cautelar para suspender su implementación.
Asimismo, la Corte Suprema de la Nación dictó el fallo “Levinas”, que permite al Tribunal Superior de Justicia porteño manejar casos de diversas índoles, incluyendo laborales. Este fallo ha sido celebrado en la CABA y en el sector empresarial, ya que otorga al TSJ la capacidad de intervenir en temas laborales, justo en un contexto donde hay un aumento de juicios.
El traspaso de competencias al fuero laboral porteño es visto con buenos ojos por el Gobierno nacional. Esto les permitiría recibir un trato más favorable en los casos que surjan como resultado de las modificaciones que están intentando introducir en la legislación laboral. Hasta ahora, muchos de los cambios propuestos mediante el DNU 70/23 fueron suspendidos o considerados inconstitucionales, en particular por reclamos de grandes organizaciones gremiales como la Confederación General del Trabajo (CGT).
Por esta razón, en abril pasado, Milei autorizó la creación de una comisión integrada por representantes del Ministerio de Justicia de la Nación y de CABA para trabajar en un acuerdo. Un funcionario con despacho en Uspallata señaló que están escuchando a todos los actores involucrados, incluidos representantes de la Justicia y diversas asociaciones. La idea es avanzar en la elaboración de este convenio.
Desde la Ciudad aseguran que están listos para asumir estas competencias. “Ya pusimos en marcha el fuero local para conflictos laborales individuales en diciembre pasado y sancionamos un código de procedimiento laboral”, afirmó una fuente cercana al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
La misma fuente añadió que están avanzando con los concursos para cubrir cargos que actualmente están en revisión de exámenes. Un factor favorable para CABA es que las condiciones laborales para los jueces son más atractivas que en el ámbito nacional.
La respuesta del peronismo
Desde el peronismo respondieron al oficialismo y negaron cualquier “afinidad” del fuero laboral con el kirchnerismo. Afirmaron que “no es una justicia hostil”, sino que se trata de jueces que cumplen con la ley y la Constitución, como la mayoría de sus colegas.
Criticaron que, si se hiciera un análisis de los fallos, se vería que muchos de ellos son favorables a la interpretación en beneficio de las empresas. Además, destacaron que la Constitución nacional protege a los trabajadores y establece una justicia imparcial.
Respecto a la creación del nuevo ámbito laboral, los referentes del pejota aseguraron que el objetivo del traspaso es “crear un fuero ‘empresarial’ hostil hacia los trabajadores”. Aclararon que no es hostil con los empresarios que cumplen la ley, sino con aquellos que no lo hacen, apelando irónicamente a una frase conocida de la senadora Patricia Bullrich.
La reacción de los jueces al traspaso del fuero laboral
La AMFJN sigue firme en su oposición al traspaso. En un comunicado, su presidente, Andrés Basso, y la secretaria general, María Carolina Ocampo, expresaron su categórico rechazo a las modificaciones del proyecto de Ley de Modernización Laboral.
Consideraron “inadmisibles” los artículos que atenten contra el fuero nacional y pidieron que cualquier cambio se introduzca respetando la independencia judicial y el funcionamiento de los fueros nacionales.
El traspaso que promueven Javier Milei y Jorge Macri podría generar una ola de juicios relacionada con la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió que esta norma será objeto de revisión judicial.
Se prevé que, si se aprueba tal como está, las organizaciones gremiales y los trabajadores afectados acudan a la Justicia para declarar su inconstitucionalidad. Entre los puntos más polémicos se encuentra la modificación del artículo 9, que establece el principio de la norma más favorable para el trabajador.
La normativa vigente señala que, cuando hay dudas sobre la interpretación de la ley o en la apreciación de la prueba, corresponde decidir en función de lo más favorable al trabajador. En cambio, la nueva redacción eliminaría este párrafo, limitando el poder del juez para interpretar y decidir en caso de duda.
A medida que se avanza en el proceso, la discusión sigue abierta y la redacción final del proyecto sigue siendo incierta, aunque ya ha despertado críticas de sindicatos por su posible impacto en los convenios colectivos.
El Gobierno espera contar con los votos necesarios para su aprobación antes de fin de año, para luego discutirlo en Diputados durante el período de verano. Para lograr esto, necesitarán el apoyo de aliados como el PRO, que al mismo tiempo presiona para que se resuelva la deuda por la coparticipación. La aprobación de la Ley de Leyes podría estar condicionada a que ambos equipos logren un acuerdo.