Migraciones debe explicar la desaparición del celular de empresario

Las medidas fueron ordenadas en una causa que corre paralela a la principal. Esta se inició tras la denuncia del juez Sebastián Casanello por el intento fallido de secuestrar el celular del empresario de la aviación Sergio Mastropietro. Este último es señalado por el fiscal Franco Picardi en el marco de una investigación por supuestos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La causa relacionada al accionar de las fuerzas nacionales durante este episodio es llevada por el juez federal Daniel Rafecas, quien decidió avanzar con varias medidas tras el requerimiento de la fiscal Paloma Ochoa.

Medidas ordenadas

El juez Rafecas ya ha ordenado varias pruebas. Una de ellas fue solicitar a Migraciones el Protocolo de actuación para estos casos. También quiere saber cuáles son las facultades del organismo para demorar personas y manejar pertenencias cuando hay una orden judicial.

Adicionalmente, pidió información sobre el accionar de la PSA. Las cámaras de video del recorrido de Mastropietro en el Aeropuerto Jorge Newbery también fueron solicitadas, junto con un listado de sus llamadas entrantes y salientes desde su celular, aunque la entrega de este último no se concretó. Como Mastropietro hizo una escala en Tucumán, el juez también pidió las imágenes del aeropuerto en esa provincia.

El empresario viajó en un vuelo privado, lo que complicó un poco las cosas, ya que no estaban claros algunos detalles como horarios. Esto dificultó la actuación inmediata de Migraciones, según fuentes consultadas. Lo curioso es que Sergio Mastropietro logró evitar el secuestro de su teléfono, que misteriosamente desapareció durante la tardanza de las autoridades nacionales para cumplir con la orden judicial.

Se ha indicado que Mastropietro es considerado por el fiscal Franco Picardi como el operador financiero de Miguel Ángel Calvete, un empresario que presuntamente organizó un circuito ilícito para direccionar contrataciones y obtener fondos de las droguerías proveedoras de la ANDIS. Además, al hablar sobre las supuestas maniobras de lavado de activos, el fiscal mencionó a Mastropietro y a una empresa de aviación que habría emitido facturas por la “compra de kilómetros”.

El secuestro que no fue

Fuentes de la investigación informan que el 15 de noviembre, Mastropietro regresaba de Miami en un avión privado, haciendo una parada en Tucumán para cargar combustible. Al llegar al Aeropuerto Jorge Newbery, los agentes de la PSA y de Migraciones debían haber secuestrado su teléfono, pero eso no ocurrió.

Poco después, con la autorización del juzgado federal, las autoridades lograron detenerlo, pero Mastropietro alegó que ya no tenía el celular en su poder y que no lo encontraba. Según las fuentes, ese celular había salido de Aeroparque.

Cabe mencionar que, días antes de este incidente, su hogar en San Isidro había sido allanado y se le habían secuestrado computadoras. Aunque Mastropietro no está en la primera lista de indagatorias solicitadas por el fiscal, su nombre aparece en varios tramos del dictamen presentado al juez Casanello dentro de esta investigación sobre maniobras de lavado de activos.

Relación de Mastropietro con los principales acusados

Mastropietro también es visto por el fiscal Franco Picardi como un operador financiero cercano a Miguel Ángel Calvete, quien habría organizado un circuito ilícito relacionado con la ANDIS.

Las evidencias recogidas destacan que Calvete y Diego Orlando Spagnuolo mantendrían una relación comercial con Mastropietro, quien está vinculado a la empresa Baires Fly S.A., dedicada a la aviación privada y que ofrece servicio de vuelos las 24 horas, según su Instagram.

Se descubrió que en agosto, Mastropietro le había enviado a Calvete la información de una cuenta bancaria perteneciente a Baires Fly S.A. Esta empresa había emitido facturas a las compañías de Calvete por la supuesta “compra de kilómetros” para uso en aeronaves. Este accionar podría estar enmarcado dentro de maniobras para ocultar el verdadero origen y destino del dinero, según lo que sostiene el fiscal.

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