Menos directores y más espacio para las provincias

Un sector del peronismo, con fuerte presencia en las provincias, ha presentado un proyecto de ley en el Senado que busca cambiar la actual composición del directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La idea es reducir de diez a ocho los miembros del directorio, asegurando que dos lugares se destinen a representantes de la Cámara alta y uno a propuesta del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que agrupa a los gobernadores.

Este proyecto lleva las firmas de Guillermo Andrada de Catamarca, Carolina Moisés de Jujuy y Fernando Rejal de La Rioja. Ellos forman parte del bloque Convicción Federal, que se sitúa dentro del interbloque de Unión por la Patria, con una marcada impronta provincialista. La propuesta ha sido motejada de “Ley anti Anker”, haciendo referencia a la consultora vinculada a Luis Caputo y Santiago Bausili, este último actual presidente del BCRA. El argumento de los autores es que resulta contradictorio hablar de autonomía del Banco Central si se maneja entre socios de una consultora, además de que la reducción en la cantidad de directores va alineada con el mensaje de austeridad del gobierno.

Este proyecto busca modificar la Ley 24.144 en un contexto de tensiones en el mercado, después de la reciente derrota electoral de La Libertad Avanza y Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Si avanza, el artículo 6 de la norma se redactaría de la siguiente forma: “El Banco Central de la República Argentina estará gobernado por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y seis directores, todos argentinos nativos o naturalizados y con al menos diez años de ciudadanía”.

Además, se propone que el presidente, el vicepresidente y tres directores sean designados por el Poder Ejecutivo, siempre con acuerdo del Senado. Otros dos directores representarían a la Cámara alta, mientras que el último sería nombrado por los gobernadores, a partir de una postulación del titular del CFI, quien actualmente es Ignacio Lamothe.

Los autores del proyecto sostienen que esta iniciativa busca “restaurar la autonomía del directorio del BCRA”. Argumentan que hasta 1992 se incluían representantes de los bancos provinciales, quienes fueron eliminados tras una reforma. Destacan que su exclusión ha debilitado la conexión entre la política monetaria y el desarrollo federal del crédito, además de limitar la inclusión financiera en las distintas provincias. El texto menciona la Constitución Nacional de 1994, que establece la creación de un banco federal con la capacidad de emitir moneda.

“Es evidente que el sistema actual no logra atender las necesidades específicas de las provincias ni resolver las desigualdades en el acceso a crédito y servicios financieros”, concluyen los autores, subrayando la importancia de hacer oír la voz de las provincias en la gestión del BCRA.