Melella veta ley que detenía reforma constitucional y convoca elecciones
La novela de la reforma constitucional en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sigue dando de qué hablar. Este viernes, el gobernador Gustavo Melella decidió vetar la ley que había sido aprobada por la Legislatura, que marcaba el fin del proceso. A pesar de esto, aún insiste en convocar a elecciones convencionales para el 9 de agosto, lo que ha provocado descontento en la oposición.
Un par de semanas atrás, el parlamento, en una sesiones que se extendió hasta la madrugada, derogó la ley 1.529. Esta ley, que había sido aprobada en diciembre de 2023, pretendía modificar 70 de los 211 artículos de la Constitución provincial. Era una de las batallas más importantes para la gestión de Melella.
Un día antes de que se realizara esa votación, el gobernador había oficializado su convocatoria a elecciones. Según su equipo, esto iba a proteger el proceso. Sin embargo, la Legislatura vio las cosas de otra manera y continuó con su plan. Así, comenzó un tira y afloja entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Gustavo Melella insiste en la reforma constitucional fueguina
El gobernador hizo oficial su veto a esta ley a través de un decreto, convirtiendo lo que era un secreto a voces en una realidad. Ya son casi tres años de esfuerzos en esta reforma.
Desde el gobierno sostienen que “la reforma constitucional es un proceso institucional en marcha”, argumentando que fue aprobado por la Legislatura con la mayoría necesaria y respaldado por un decreto que convocó a elecciones. Es un camino arduo y lleno de giros inesperados.
Por otro lado, resaltan que permitir la interrupción de este tipo de procesos “generaría una profunda inseguridad institucional”. Según ellos, esto abriría la puerta a que mayorías temporales revirtieran decisiones constitucionales, alterando las reglas del juego según quién esté en el poder.
El Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, afirmó que lo resuelto por el Poder Legislativo es inconstitucional. Explicó que la convocatoria a reforma no es simplemente una ley más; inicia un proceso mayor vinculado a los derechos constitucionales.
Sin embargo, el enfrentamiento sigue vivo: el veto regresará a la Legislatura. Si se logran reunir 10 votos en contra, podría quedar anulado.
Desde la oposición, el alcalde de Ushuaia, Walter Vuoto, fue uno de los primeros en manifestarse. En los últimos meses había roto su alianza con Melella.
“Decidió desoír el mensaje de gran parte de la sociedad y de la propia Legislatura, que había avanzado en frenar la reforma constitucional en este contexto social y económico tan complicado”, señaló. Acusó a Melella de desperdiciar “una oportunidad para escuchar, dialogar y construir consensos”.
Más allá del tira y afloja por la Constitución, lo que realmente ha irritado a los municipios es el veto a la llamada “ley de Goteo”. Este proyecto, impulsado por el PJ, buscaba establecer la transferencia automática de fondos coparticipables desde la provincia hacia las tres intendencias de la Isla.
Esa lucha por los fondos fue la que finalmente fracturó la alianza entre el justicialismo y la agrupación del gobernador, que históricamente fue próxima al peronismo nacional. Otros despachos señalaron que no les sorprendió la decisión de Melella: “No nos cambia nada”, comentaron.
En la actualidad, la modificación de la Constitución provincial parece ser un juego casi exclusivo de Gustavo Melella. Enfrentado a todos los alcaldes, Martín Pérez, de Río Grande, y Daniel Harrington, de Tolhuin, decidieron separarse del oficialismo y fundar un partido autónomo llamado Provincia Grande. Pérez ya tiene la vista puesta en la gobernación para el próximo año.
En el ámbito político, estos cambios han alterado la correlación de fuerzas. En 2023, cuando se aprobó la reforma, Melella contaba con el apoyo de los municipios. Hoy, enfrenta un asedio desde los que solían ser sus aliados, junto con una fuerza libertaria que se ha consolidado tras las elecciones de 2025.
Económicamente, Tierra del Fuego atraviesa un momento complejo. La crisis en la industria se agrava con la intervención del puerto de Ushuaia por parte de Nación, lo que ha despojado a la provincia de uno de sus ingresos más importantes. Esta intervención está en disputa judicial ante la Corte Suprema.