Martín Menem envía reforma de DNU al Senado, debate retrasado
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por fin hizo llegar al Senado un proyecto muy esperado: el que busca restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. Este envío se concretó el jueves a la tarde, después de varios días de espera que provocaron fuertes críticas desde la oposición.
La iniciativa ya fue aprobada por Diputados la semana pasada, aunque con algunos cambios que ahora requieren una nueva revisión en el Senado. Este retraso generó suspicacias, haciendo que muchos sospecharan que Menem quería evitar un debate complicado para el oficialismo justo antes de las elecciones del 26 de octubre.
Paso al Senado y demoras estratégicas
El expediente ya fue enviado a la Comisión de Asuntos Institucionales, presidida por la senadora Alejandra Vigo, quien es una de las principales impulsoras de la reforma. Desde esta comisión, se deberá emitir un dictamen que habilite la discusión en el recinto. Así se podrá decidir ya sea ratificar los cambios realizados en Diputados o mantener la versión original que había sido presentada anteriormente en la Cámara alta.
Sin embargo, parece que el tratamiento formal empezará recién la próxima semana. Esto aleja la posibilidad de que se discuta antes de los comicios. De esta manera, el oficialismo logra ganar tiempo y evita enfrentar un escenario que la oposición intentaba utilizar para mostrar las debilidades internas del Gobierno.
Intentos por acelerar el análisis
En el Senado, los bloques peronistas habían tratado de acelerar el análisis del proyecto este jueves, con la idea de convocar a una sesión antes del cierre de campaña. Pero, sin el dictamen previo, esa posibilidad requeriría una mayoría especial de dos tercios, algo que es poco probable en la situación actual. Esto se hace más evidente tras la decisión de varios gobernadores de dejar caer el artículo 3, que había sido motivo de controversia.
La reforma en cuestión busca modificar la Ley 26.122, sancionada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner y promovida por Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los cambios más importantes es que ambas Cámaras del Congreso deberán pronunciarse para validar un DNU, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, donde solo se requería la aprobación de una.
Esto le daría a la oposición la posibilidad de anular decretos presidenciales con mayoría simple en cualquiera de las dos Cámaras. Sin embargo, el artículo que fue rechazado en Diputados incluía un plazo de 90 días para que el Congreso se expidiera, transcurrido el cual los decretos perderían validez automática. Esta cláusula generó diferencias incluso entre algunos aliados del oficialismo.