Los créditos aumentan un 20% por la presión impositiva

En este punto, el trabajo “Impacto de las tasas municipales sobre el crédito” destaca la importancia de la presión tributaria en la intermediación financiera. Nos encontramos con que en muchos municipios aplican impuestos que no tienen un respaldo legal claro.

La realidad muestra que más de 2 mil municipios deciden, de manera autónoma, cómo calcular estas tasas. Esto lleva a que haya una gran variedad de reglas que complican la vida tanto a los bancos como a los ciudadanos. La falta de una regulación coherente genera costos administrativos elevados y una sensación de inseguridad jurídica.

Esto resulta en que los bancos deben dedicar muchos recursos para entender y cumplir con normativas que son diferentes de una localidad a otra. En un análisis realizado, se tomaron datos de 51 municipios en 10 provincias, lo que representa alrededor del 30% de la población del país. Los resultados revelan que la tasa promedio de estos municipios equivale al 5,9% de sus ingresos brutos.

Esta presión impositiva no solo excede lo que sería razonable, sino que actúa como un impuesto encubierto, impactando de manera directa en los costos de los créditos. Además, el estudio muestra que, aunque hay un promedio, existen diferencias notables entre jurisdicciones, donde localidades de similares características aplican tasas de enorme variación.

Más presión

Cuando se suman los tributos provinciales y municipales que afectan el crédito, la tasa de interés promedio llega a superar el 42%. Esto significa un incremento de alrededor de 7,5 puntos adicionales, que representa más del 20% extra gracias a la aplicación de estos impuestos locales.

Hay que destacar que en lugares como CABA y Mendoza, el aumento del costo del crédito es más moderado, siendo de aproximadamente el 10%. Esto se debe a que en CABA no hay una tasa municipal y en Mendoza es bastante más baja que en otras provincias. Sin embargo, si se incluye el IVA, la carga total se eleva, llegando a un aumento que puede llegar a casi el 50% en algunas ciudades.

En contrapartida, en localidades con tasas superiores al promedio, como algunas partes de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las tasas efectivas superan el 7% de los ingresos brutos de los bancos, lo que agrega una presión adicional.

Sectores

Otro tema preocupante son las diferencias arbitrarias en la carga tributaria entre diferentes sectores económicos. La presión impositiva sobre la intermediación financiera es varias veces más alta en comparación con otros sectores, incluso aquellos que tienen capacidad contributiva similar a la de los bancos.

En muchos municipios, la actividad financiera enfrenta una carga tributaria que supera el 7% de sus ingresos brutos, mientras que en otras actividades, esta carga rara vez supera el 1%. Por ejemplo, un préstamo que normalmente tendría una tasa de interés del 35%, al sumar estos tributos, termina con una tasa que supera el 42%, lo que indica un verdadero encarecimiento del financiamiento.

Tasas

Para ilustrar las desigualdades en cómo se aplican estas tasas impositivas, podemos ver algunos ejemplos:

• La Plata: Cobran por servicios de inspección para asegurar salubridad y seguridad.
• San Fernando del Valle de Catamarca, Santa Rosa, Viedma: tasas por habilitación y seguridad.
• Corrientes, Posadas: Cobran por el registro de actividades e inspección de salubridad.
• Salta y San Luis: También aplican tasas por servicios destinados a la seguridad e higiene de los comercios.

El trabajo enfatiza que la ambigüedad en los servicios que justifican el cobro de estos impuestos crea una desconexión entre lo que realmente brinda el municipio y la carga fiscal que imponen. Esto reduce la legitimidad del tributo y complica aún más las cosas para los negocios que tienen presencia física.

Reforma

Frente a esta situación, es fundamental plantear una reforma tributaria que permita un contexto más favorable para el crédito. Es crucial revisar y repensar cómo los municipios gravan la actividad financiera. La meta debería ser llegar a un esquema más simple y uniforme entre distintas jurisdicciones. Esta simplificación también ayudaría a que los montos de las tasas estén dentro de los límites legales, asegurando que correspondan a servicios concretos que proporcionan los municipios.

Recientemente, la litigiosidad ha aumentado, con entidades como el Banco Nación presentando acciones judiciales para cuestionar la validez de estas tasas. A pesar de que aún no hay sentencias firmes, ya se han logrado acuerdos que han logrado reducir la carga impositiva en varios municipios.

Finalmente, es importante también observar cómo este tipo de esquemas pueden corregir la asimetría que existe entre quienes operan de manera física y aquellos que lo hacen digitalmente, ya que estos últimos, al no tener una sede física, logran eludir todas estas tasas.