LLA propone liberar las apps de transporte en Buenos Aires
La Legislatura de Buenos Aires está en plena discusión de un proyecto de ley que podría cambiar la forma en que usamos el transporte privado a través de plataformas digitales. El diputado Oscar Liberman es quien está llevando esta iniciativa adelante, que busca establecer un marco regulatorio unificado para servicios como Uber, Cabify y Didi en toda la provincia.
Este proyecto tiene como objetivo principal otorgar libertad contractual tanto a los conductores como a los usuarios. Se pretende que no haya más confusión por regulaciones dispersas en los 135 municipios de la provincia. La idea es que tanto los conductores como los pasajeros puedan disfrutar de un servicio sin tantas trabas burocráticas o sobrecargas impositivas.
Actividad privada vs. Servicio público
Una de las claves del proyecto es cómo se clasifica el transporte digital. En lugar de considerarlo un servicio público, se define como una “actividad privada de interés público”. Esta distinción tiene implicaciones importantes.
Consecuencias directas de esta clasificación:
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Sin licencias estatales: Como no se trata de un servicio público, no va a necesitar concesiones ni licencias de taxi.
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Marco legal claro: Las relaciones entre conductores y usuarios estarán regidas por contratos de transporte, según el Código Civil y Comercial.
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Registro Provincial: Se creará un Registro de Plataformas Digitales que será sólo declarativo y gratuito, lo que significa que no será un requisito para operar.
Límites al control estatal y municipal
Este proyecto también busca limitar el control que los municipios tienen sobre este tipo de transporte. Liberman es claro: se permitirá la circulación entre distritos y se prohibirá que los gobiernos locales impongan restricciones como:
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Tarifas: Los precios se fijarán según la oferta y la demanda.
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Cupos: No habrá límite en la cantidad de vehículos o conductores en una zona.
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Tasas municipales: No se podrán aplicar contribuciones locales específicas sobre el transporte digital.
El único ámbito donde el Estado podrá intervenir será en cuestiones de seguridad vehicular y documentos, como la licencia de conducir, el seguro obligatorio y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). No se podrán exigir requerimientos adicionales que son habituales en los taxis.
Hacia una normativa unificada
Si esta ley se aprueba, se eliminarán las normativas municipales que contradigan la libertad de mercado. Esto promete acabar con los conflictos legales en municipios donde se ha intentado prohibir estas aplicaciones a través de ordenanzas locales o multas.
El avance de esta discusión podría reavivar el debate con gremios de taxistas y remiseros, quienes históricamente buscan igualdad de condiciones frente a las plataformas digitales. Sin embargo, para Liberman, el foco está en modernizar el sistema y ofrecer seguridad jurídica a una actividad que ya utilizan millones de personas en la provincia a diario.