A casi medio siglo del inicio de la última dictadura (1976-1983), los juicios de lesa humanidad continúan, aunque en un contexto cada vez más adverso. Actualmente, hay más de 300 causas abiertas, pero el paso del tiempo ha complicado su avance, con un aumento en las muertes de acusados y víctimas antes de que se emitan sentencias. El desmantelamiento de áreas clave por parte del Gobierno plantea interrogantes sobre el futuro de estos procesos judiciales.
Estado Actual de los Juicios
Según un informe de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad (PROCULESA), en la actualidad hay 14 juicios abiertos, 63 causas con elevación a juicio y 258 en instrucción. A pesar de los años transcurridos, persisten casos de secuestros, torturas, desapariciones y robos de bebés que aún no han sido juzgados.
La situación es compleja. Aunque las causas avanzan, los recursos disponibles son cada vez más limitados. En las más de 300 causas, casi un millar de personas están siendo investigadas, con 502 imputados, 401 procesados y 27 indagados. La falta de recursos y la integración insuficiente de los tribunales han contribuido a retrasos significativos en los juicios.
Impacto del Gobierno en los Procesos Judiciales
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, se especuló sobre un posible cierre de los juicios y una amnistía para los condenados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, a pesar de su postura oficial a favor de la memoria completa y del desmantelamiento de áreas clave de derechos humanos, los juicios han continuado sin interrupciones significativas. No ha habido intervención del Gobierno en el rumbo de los juicios, según fuentes judiciales.
A pesar de la llegada de Milei, los juicios siguen adelante, impulsados por las víctimas y organismos de derechos humanos. La fiscal Ángeles Ramos ha destacado que la actividad procesal está activa, aunque el desmantelamiento de áreas clave ha provocado un daño silencioso. En los 15 meses de gestión de Alberto Baños, se han despedido a 14 abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que ha debilitado la capacidad del Estado para querellar en diversas causas.
Consecuencias de la Edad de los Implicados
Uno de los mayores desafíos que enfrentan estos procesos es la avanzada edad de muchos de los acusados y víctimas. A medida que los años pasan, el temor de que los responsables no sean juzgados se vuelve más real. De acuerdo con un informe de PROCULESA, 1.222 de las 3.824 personas investigadas han fallecido desde 2006, lo que ha generado una impunidad biológica. Esto significa que muchas víctimas y testigos mueren sin conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos.
La fiscal Ana Oberlin ha enfatizado que el fallecimiento de acusados puede llevar al cierre automático de causas, un problema que ha ocurrido en múltiples ocasiones. Si bien todavía hay causas activas, el tiempo corre en contra de la justicia y la memoria.
El Futuro de los Juicios de Lesa Humanidad
Ante la incertidumbre del futuro de estos juicios, algunos expertos creen que aún hay tiempo para avanzar en los procesos. Nicolás Tauber, abogado despedido de la Secretaría de Derechos Humanos, señala que no se vislumbra un horizonte claro, ya que aún quedan muchos imputados vivos y hechos por juzgar. A pesar de la política actual del Gobierno, el cúmulo de pruebas y sentencias acumuladas desde 1985 hace difícil que se detenga un proceso de justicia de esta magnitud.
En conclusión, a pesar de los desafíos y el desmantelamiento de áreas clave, los juicios de lesa humanidad en Argentina continúan. La lucha por la verdad y la justicia sigue siendo un objetivo fundamental para las víctimas, sus familias y los organismos de derechos humanos.
