Lácteos Verónica, una histórica firma santafesina, se encuentra en una situación crítica. La empresa, que llegó a procesar un millón de litros de leche por día, tiene actualmente sus tres plantas paralizadas. Los salarios no se pagan, la producción está detenida y los cheques rebotan por millones. Esta situación ha generado una creciente preocupación y denuncias sobre posibles maniobras de vaciamiento encubiertas.
Diputados provinciales han exigido al Gobierno de Santa Fe una intervención inmediata para evitar que la empresa abandone sus operaciones sin asumir responsabilidades con más de 700 empleados. La falta de acción podría tener repercusiones devastadoras en comunidades donde la actividad láctea es fundamental para el sustento de numerosas familias.
Reclamos políticos y alerta social
Legisladores como Carlos Del Frade, Marcos Corach y Celia Arena han presentado solicitudes formales al Ejecutivo provincial para que convoque una mesa de trabajo urgente. Este espacio debe incluir al gobernador, ministros y representantes gremiales, con el fin de abordar el deterioro de una empresa clave en localidades como Clason, Lehmann y Suardi.
En un contexto donde la empresa no ha abonado ni un peso de los sueldos de mayo y mantiene atrasos en aportes previsionales y sociales, la situación se vuelve insostenible. El Ministerio de Trabajo de la Nación ha mediado en varias audiencias sin que se hayan logrado avances significativos.
Sospechas sobre una crisis inducida
Los trabajadores de la planta Clason sostienen que la crisis actual no se debe a una coyuntura económica desfavorable, sino a una estrategia deliberada para licuar pasivos y transferir recursos. A pesar de haber exportado más de u$s102 millones entre 2020 y 2025, Verónica ha dejado de presentar balances públicos, lo que aumenta la sospecha de maniobras irregulares.
En 2024, sus ventas al exterior alcanzaron u$s18,4 millones, y en el primer cuatrimestre de 2025 suman u$s3,8 millones, principalmente en leche en polvo entera. Sin embargo, la empresa no logra sostener el pago de salarios ni mantener la continuidad operativa.
La situación financiera es igualmente preocupante, con cheques rechazados por más de $1.500 millones, y el vínculo con tambos y proveedores se encuentra roto.
Relaciones cuestionables y posible triangulación de activos
Uno de los aspectos más preocupantes es la relación de Lácteos Verónica con Las Becerras S.A., una empresa controlada por la familia Espiñeira, que podría estar facilitando la triangulación de activos. Documentos del INTA muestran colaboraciones entre ambas empresas desde 2017, lo que refuerza las sospechas sobre transferencias irregulares de campos y maquinaria.
De la expansión a la parálisis
Durante la pandemia, Verónica llegó a cargar hasta 23 camiones diarios desde la planta de Clason, pero hoy la producción está completamente detenida. La caída fue progresiva, y en sus últimos meses operativos, la planta apenas alcanzaba los 200.000 litros diarios.
A pesar de que la empresa evitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en 2019 y logró expandir su producción, actualmente enfrenta un descalce operativo y un deterioro en su cadena de pagos que la deja al borde del colapso.
Consecuencias concretas y urgencia política
La dimensión social del conflicto es alarmante. Trabajadores han suspendido tratamientos médicos por falta de cobertura y dependen de trabajos informales para sobrevivir. En Totoras, más de 200 familias están afectadas directamente.
Los legisladores han advertido que la crisis no admite dilaciones ni indiferencia y han pedido la intervención estatal. Mientras tanto, la conducción empresarial permanece en silencio, lo que incrementa el riesgo de un desmanejo total sin asumir responsabilidades.
La situación de Lácteos Verónica es un claro reflejo de la crisis que enfrenta la industria láctea, y la urgencia de una respuesta adecuada es más evidente que nunca.
