La provincia de Buenos Aires demandó a Nación ante la Corte Suprema
La provincia de Buenos Aires ha formalizado una nueva demanda ante la Corte Suprema contra el Estado nacional. Se trata de un reclamo por presunto incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio firmado en 2023, exigiendo nada menos que $1,13 billones, además de ajustes e intereses. Esta presentación se realizó el lunes, justo antes de una audiencia relacionada con los fondos de Anses.
Es interesante resaltar que estamos ante el octavo reclamo judicial en menos de tres años por parte del gobierno de Axel Kicillof. El gobernador ya había anticipado esta acción en un encuentro con intendentes la semana pasada, y finalmente se materializó.
Con el respaldo del Fiscal de Estado, Hernán Gómez, y el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, la provincia también pidió una medida cautelar para que el gobierno nacional restituya el mecanismo de actualización originalmente acordado. Esto busca que no se generen más perjuicios en el futuro.
El reclamo de la provincia de Buenos Aires
El reclamo formula diferencias correspondientes al período 2023-2025 y está vinculado al Fondo del Conurbano, que ya fue objeto de litigios anteriores. También se incluye el saldo pendiente del convenio de 2023, más los ajustes e intereses que puedan derivarse.
El Consenso Fiscal 2017, que se firmó entre la Nación y las provincias, establecía pautas claras de coordinación en temas tributarios y coparticipación. Esto incluía la reducción gradual de impuestos como los Ingresos Brutos, ajustes en los regímenes previsionales y la cobertura de déficits en cajas jubilatorias no transferidas.
Desde la provincia argumentan que el Estado nacional cambió unilateralmente el criterio de actualización, sustituyendo el índice de inflación real por estimaciones presupuestarias. Esto, según argumentan, ha resultado en una significativa merma de recursos para Buenos Aires.
La demanda se apoya en informes de la Comisión Federal de Impuestos y en la normativa vigente que regula estos cálculos, con base en el principio de obligatoriedad de los acuerdos fiscales.
En paralelo, Buenos Aires mantiene otros siete reclamos ante la Corte por recortes en diferentes fondos y transferencias. Esto incluye el Fondo de Seguridad, el Fondo Compensador al Transporte, y los fondos de Anses destinados al IPS, entre otros.
De todos estos reclamos, el único que ha tenido avances recientes es el que está vinculado a Anses. A mediados de mes, se llevó a cabo una audiencia convocada por la Secretaría de Juicios Originarios, donde participaron funcionarios provinciales y representantes de Anses. Se estableció un intercambio de información hasta el 21 de abril.
La demanda también menciona que las acreencias incluyen anticipos que la Nación aún debe, diferencias en la actualización de esos anticipos correspondientes a 2023 —calculados sobre base 2018—, y fondos para 2024, calculados sobre base 2020. Además, se destacan desfasajes entre el déficit de cajas no transferidas y anticipos sin actualizar de ejercicios anteriores.
Por otro lado, la provincia remarca que la Corte Suprema tiene competencia originaria en este tipo de controversias, apoyándose en precedentes recientes relacionados con la coparticipación que han involucrado diferentes jurisdicciones.
Además, se solicita una consideración especial por parte del tribunal respecto a la obligación del Estado nacional de financiar los déficits previsionales de las cajas provinciales no transferidas. Esto se basa en una normativa vigente desde 1999. Aunque la provincia no está obligada a armonizar su sistema previsional con el nacional, sí debe remitir información a Anses para la estimación del déficit.
Por último, la demanda cuestiona un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado en marzo del año pasado, que implementó recortes en dichas transferencias. La administración bonaerense objeta su constitucionalidad.