La Legislatura aprueba ley para privatizar empresas estatales
La Legislatura de Jujuy, en su octava sesión ordinaria del año, aprobó un proyecto que permite la venta de empresas estatales, enviado por el gobernador radical Carlos Sadir. Esta iniciativa se alinea con la Ley Bases impulsada por el presidente Javier Milei y excluye a la Empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). Aunque el oficialismo logró su objetivo, las críticas no tardaron en llegar, especialmente por el tratamiento exprés del proyecto.
El jueves 28 de agosto, la mayoría de los parlamentarios, 31 de un total de 48, dio luz verde al proyecto de ley 6.468 sobre la “Reestructuración jurídica Facultativa de las Sociedades del Estado de la provincia de Jujuy”. Este movimiento delega a Poder Ejecutivo la facultad de privatizar o vender las sociedades estatales, como Cannava SE, Tren Solar de la Quebrada SE y Compañía de Seguros de Jujuy SE, entre otras. Estas empresas, creadas durante la gestión del exgobernador Gerardo Morales, tienen deudas en pesos, dólares y euros, lo que ha generado un amplio debate.
Durante las discusiones, algunos legisladores, tanto del peronismo como del bloque de izquierda FITU, cuestionaron el apuro del proceso. Señalaron que el proyecto fue analizado en menos de dos semanas y pasó a la sesión sin tiempo suficiente para que todos los parlamentarios revisaran la documentación necesaria. Cabe destacar que la empresa estatal minera fue excluida de la venta debido a su importancia en la explotación de litio en la región.
Desde el oficialismo, el diputado radical Adriano Morone defendió el proyecto, asegurando que el Estado mantendrá la mayoría accionaria, permitiendo una participación privada de hasta el 49%. “Esto asegura el control estratégico estatal”, enfatizó. Morone explicó que el propósito no es privatizar, sino formalizar un marco que se ajuste a la nueva normativa nacional.
Sin embargo, el legislador peronista Martín Eduardo Fellner, quien votó en contra, expresó sus preocupaciones: “No sabemos qué empresas serán privatizadas ni cómo se determinará la participación privada”. Agregó que el proyecto podría permitir la privatización total, lo que suscitó un fuerte debate sobre la responsabilidad legislativa y la necesidad de un análisis exhaustivo de cada caso.
Luego de la aprobación, el gobernador Carlos Sadir abordó el tema con la prensa. Afirmó que la ley es simplemente una formalidad en línea con un decreto nacional y que la provincia seguirá siendo propietaria de las empresas.
La senadora peronista Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Sistemas y Medios, criticó la interpretación oficial; para ella, esta ley no es un mero cambio formal: “Otorga al gobierno provincial carta blanca para privatizar parcial o totalmente las empresas estatales, sin necesidad de pasar por la Legislatura para cada caso”. Destacó que empresas clave podrían estar en riesgo, y que el nuevo marco es una trampita para evadir la fiscalización pública.
En resumen, el trasfondo económico y político de esta decisión resuena fuertemente en Jujuy. La participación de la comunidad en el debate y las decisiones que afectan a las empresas estatales será crucial en los meses venideros.