La justicia niega a Cristina Kirchner el restablecimiento de pensiones
El Juzgado Federal de Seguridad Social N°1, liderado por la jueza Karina Alonso Candis, tomó una decisión importante: rechazó la solicitud de Cristina Fernández de Kirchner para que se le devolviera la pensión que recibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Esta pensión había sido eliminada a finales de 2024, después de que Cristina fuera condenada en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal Federal. La acusación la consideró “autora penalmente responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en el marco de la Causa Vialidad.
Además, aunque Cristina también buscaba restablecer su propia jubilación de privilegio, la Justicia no aprobó este reclamo.
A medida que avanza la situación, se ha comunicado que el Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, está tomando acciones para que Cristina devuelva el dinero que ya recibió, al considerarlo “indebido”. Las estimaciones no oficiales apuntan a que esta suma ascendería a aproximadamente $1.000 millones. ¡Una cifra realmente llamativa!
El reclamo por su jubilación de privilegio
Cristina argumentaba que la demora en el proceso judicial podría afectar sus derechos a la seguridad social y su capacidad de subsistencia. Mencionaba que la medida cautelar presentada no se ocupaba del fondo del asunto, dado que ya existía una sentencia firme que le reconocía el beneficios.
Desde la ANSES, explicaron que la medida cautelar era rechazada porque el beneficio estipulado en la ley 24.018 para presidentes, vicepresidentes y sus viudas se considera una asignación graciable. Esto significa que no depende de aportes previsionales, sino que se otorga como un reconocimiento excepcional al honor y buen desempeño en el cargo.
El organismo también señaló que la medida cautelar solicitada podría confundir el objetivo principal de la demanda y que no cumplía con los requisitos legales necesarios para suspender el acto administrativo controvertido. En sus argumentos, enfatizaron que la solicitud de Cristina podría afectar el interés público. Según dijeron, ordenar el pago de un beneficio de tal magnitud podría comprometer las políticas de veracidad y transparencia en la gestión pública, aspectos fundamentales en la lucha contra la corrupción que impactan en los recursos del Estado.