La demora del Gobierno afecta a los más vulnerables
La situación en el área de discapacidad en Argentina realmente está complicada. Mientras tanto, el Gobierno nacional sigue sin regular la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se aprobó con bastante consenso en junio. Por otro lado, las organizaciones del sector están rechazando los aumentos anunciados por el Ejecutivo, que oscilan entre el 29% y el 35%, bastante insuficientes en comparación con el 70% que establece la normativa.
Laura Lavega, una referente del sector, expone que la discapacidad se está utilizando como “variable de ajuste”. Miles de pensiones no contributivas han sido canceladas o suspendidas por criterios administrativos sin lógica, dejando a muchas personas sin cobertura ni ingreso. Esto afecta especialmente a quienes dependen de este apoyo para poder vivir.
Además, hay una interrupción en la entrega de medicación, pañales y otros elementos esenciales para la rehabilitación. Las familias se ven obligadas a afrontar costos de su propio bolsillo o detener tratamientos. Esta situación viola derechos fundamentales y implica un retroceso en las políticas de inclusión.
En una reciente movilización en La Plata, se destacó que el aumento propuesto por el Gobierno es “ridículo” y pone en riesgo la continuidad de la atención. La discrepancia entre el monto que dice la ley y lo que realmente se paga es gigante.
Lavega aclara que las instituciones no pueden cubrir ni los sueldos básicos. Muchos terapeutas y acompañantes están por debajo del salario mínimo, lo que provoca que algunos transportistas incluso trabajen a pérdida o suspendan servicios. Esto lleva al desmantelamiento del sistema de atención, con posibles cierres y pérdida de puestos de trabajo. Es un problema claro de derechos, más que de números.
A pesar de que la Ley de Emergencia en Discapacidad se aprobó hace meses, aún no ha empezado a aplicarse. Según Lavega, esta demora no es casual; implica que no hay fondos asignados ni mecanismos de control. Esto deja a las personas con discapacidad y a los prestadores en una situación de desamparo.
A lo largo del país, muchas instituciones, talleres protegidos y servicios de transporte están cerrando o suspendiendo actividades. Muchos operan con deudas o gracias al esfuerzo del personal que trabaja sin cobrar. Si esto no cambia, miles de empleos podrían perderse, además de que muchas personas con discapacidad quedarían sin atención diaria. Esto es una emergencia humana, no solo económica.
Lavega también menciona la falta de coordinación entre la Nación y las provincias como un gran obstáculo. Los mecanismos actuales son débiles y no hay un control adecuado sobre la distribución de fondos ni sobre los tiempos de pago a los prestadores. Lo ideal sería establecer un comité federal que incluya tanto al Estado como a las organizaciones, para asegurar transparencia y cumplimiento.
Frente a este panorama, las organizaciones exigen una implementación urgente de la Ley de Emergencia, la restitución de las pensiones que fueron dadas de baja, una entrega regular de medicación e insumos, y una actualización real de los aranceles.
Lavega concluye que los indicadores claros de que la situación está mejorando serán la restitución inmediata de derechos, la actualización de pagos y la aplicación efectiva de la ley con presupuesto asignado. Solo así se podrá decir que la discapacidad vuelve a tener el lugar que merece, en una política de Estado fundamentada en derechos y no en recortes.