En un contexto político donde las decisiones parecen más un juego de poderes que una respuesta a las necesidades del pueblo, la reciente aprobación de un aumento simbólico para jubilados en Argentina ha desatado una ola de indignación. Mientras se declara la emergencia en discapacidad, las calles se llenan de voces que claman por justicia social y dignidad. ¿Realmente este es el camino que el gobierno de Javier Milei elige para honrar a aquellos que han sostenido al país en sus momentos más difíciles?
La brecha entre la realidad política y las necesidades de la ciudadanía no es solo un fallo comunicacional; es una señal de la sombría dirección que ha tomado la administración actual. Este fenómeno pone de relieve una serie de contradicciones que agravan la situación de los sectores más vulnerables.
El Aumento Insignificante y la Emergencia en Discapacidad
El incremento aprobado para los jubilados resulta ser un gesto mínimo en un contexto donde miles de personas mayores viven en condiciones de extrema pobreza. ¿Cómo se puede considerar un aumento como un verdadero alivio cuando apenas cubre las necesidades básicas? A su vez, la declaración de emergencia en discapacidad parece más un acto simbólico que una política eficaz, especialmente ante el inminente veto presidencial.
Lejos de utilizar esta herramienta con prudencia en contextos excepcionales, el veto se convierte en un mecanismo que silencia demandas legítimas y bloquea el funcionamiento democrático. Desde que asumió el poder, Javier Milei ha mostrado que su administración no solo tolera el conflicto, sino que lo fomenta. Las decisiones que deberían centrarse en proteger a los más necesitados se ven subordinadas a su cruzada ideológica contra la política tradicional.
La Deshumanización de las Políticas Públicas
El discurso oficial se enfoca constantemente en problemas macroeconómicos como la inflación y la deuda externa, ignorando las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social. Resulta irónico que, en lugar de impulsar medidas concretas para mejorar la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos, se promulguen leyes que luego son desactivadas por un veto draconiano.
La situación de los jubilados ilustra esta realidad. Un aumento insignificante en un sistema previsional ya frágil es, en esencia, un insulto para quienes dedicaron su vida al trabajo. La legitimidad de un gobierno se construye sobre el reconocimiento y la justicia; cuando se desprecia esta ley, se corre el riesgo de instaurar una cultura de indiferencia.
El Veto como Símbolo de Crueldad Institucional
Milei se presenta como un outsider que desafía al establishment político. Sin embargo, su forma de gobernar se asemeja a los abusos del pasado, donde las políticas de ajuste prevalecen sobre el bienestar popular. La verdadera esencia de la democracia radica en garantizar que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, tengan un lugar en el proyecto de país.
Al vetar leyes que buscan proteger a los sectores excluidos, el gobierno repite fórmulas de deshumanización bajo la apariencia de reformas necesarias. La legalidad no es suficiente; se requiere una legitimidad tanto social como moral. Las autoridades deben rendir cuentas no solo ante sus votantes, sino ante toda la ciudadanía.
La Resistencia del Pueblo y la Lucha por la Dignidad
Las manifestaciones de la población son un reflejo de una sociedad que ya no tolera el abandono ni la injusticia. Las decisiones que impactan vidas deben tomarse con sensibilidad y una clara conciencia del daño que pueden causar. El veto, como recurso institucional, no puede convertirse en el primer recurso de un gobierno insensible.
Las acciones que castigan a los más vulnerables no son simplemente decisiones gubernamentales; son actos de crueldad que reflejan una lógica de exclusión preocupante. La resistencia del pueblo no se apaga con decretos; es un grito urgente por dignidad y justicia. La democracia necesita ser sostenida no solo con leyes, sino con equidad y compasión.
En este panorama, es fundamental que la ciudadanía se mantenga alerta y activa. La lucha por una sociedad más justa es un camino desafiante, pero solo a través del diálogo y el compromiso colectivo podremos reconstruir un país marcado por la desigualdad y el desinterés oficial. El veto no debe ser el destino; debe convertirse en el punto de partida hacia una ciudadanía que no se rinde.
Dirigente del NEP. Congresal Metropolitano del PJ CABA. Congresal Nacional PJ
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