La Corte Suprema ratifica medida que exige aplicación de ley universitaria
La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión importante esta semana al ratificar la cautelar que exige al gobierno de Javier Milei cumplir con la ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso. Este fallo llega tras un acuerdo entre Capital Humano y las universidades, lo que significa que no habrá cambios económicos fuera de lo que ya está previsto por Nación. Es un respaldo a la legislación y a la función del Parlamento.
Al rechazar el pedido del Gobierno, se mantiene vigente la actualización salarial y la mejora de programas estudiantiles. Esto es clave para muchos docentes y alumnos que ven en estas modificaciones una esperanza de mejoras en su situación.
A principio de mes, el ministerio a cargo de Sandra Pettovello firmó un acuerdo con las universidades públicas luego de más de dos años de reclamos, marchas y paros. Esto marca el fin de un conflicto que había llegado hasta los tribunales y que ahora parece encontrar una solución.
El acuerdo fue firmado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales. Según la información oficial, se establece una recomposición salarial del 24,33% para quienes trabajan en el sector universitario.
La causa
Este caso llegó a la justicia por una acción de amparo colectivo iniciada por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades. La Corte confirmó la medida de justicia contencioso-administrativa federal que ordenaba al Gobierno cumplir con una parte de la ley de inmediato.
La orden se refería a los artículos 5 y 6, que hablan de la actualización de salarios del personal docente y no docente en universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023, así como la mejora de todos los programas estudiantiles. Antes de la decisión de la Corte Suprema, el Gobierno había vetado esta ley, pero el Congreso insistió en su aprobación.
Luego de que el Estado recurriera a la máxima instancia, el tribunal desestimó este recurso, dando un paso adelante en la regularización del financiamiento educativo en nuestro país.