La Corte Suprema evalúa fallo importante sobre femicidio
Se trata de un caso trágico que ha conmocionado a Mendoza: el asesinato de una joven a manos de su pareja. Este caso ha abierto un debate importante sobre la violencia de género, en el que el Máximo Tribunal actual, presidido por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se ha involucrado. A través de un sorteo, se convocó a dos conjueces: Rocío Alcalá de Resistencia y Gustavo Castiñeira de Mendoza, para analizar la cuestión.
El caso que marcó a Mendoza
Julieta González tenía apenas 21 años cuando, en el Día de la Primavera de 2016, desapareció. Al día siguiente, la encontraron muerta en las montañas de Cacheuta, cerca del penal de Almafuerte, atada de pies y manos.
La familia de Julieta, angustiada, ya tenía un sospechoso en mente. Habían compartido públicamente la imagen de Andrés Di Césare, un chico que ella había presentado como su novio. Él no era un extraño para la familia, ya que conocían su historia desde la infancia.
Julieta y Andrés se habían reencontrado tras años. Ella había estado emocionada, contándole a su madre sobre sus citas. Sin embargo, todo cambió cuando, tras su desaparición, la familia contactó a Di Césare, quien afirmó no saber nada. Pero la investigación reveló lo contrario. Se sospecha que la mató al enterarse de que estaba embarazada.
The young man testificó en enero de 2018, insistiendo en su inocencia. Admitió haber tenido una pelea con Julieta, alegando que ella lo arañó y que su reacción fue darle un golpe. Dijo que la dejó en la calle y no la volvió a ver. Sin embargo, el análisis de las pruebas mostró que había restos de piel de Di Césare debajo de las uñas de Julieta y sangre de ella en su coche. Además, sus teléfonos móviles coinciden en el mismo lugar y momento el día de la desaparición. Poco antes del crimen, el sospechoso había buscado en internet cómo hacer una prueba de ADN en un feto y cómo deshacerse de un cadáver.
La hipótesis del femicidio
La teoría sostiene que al enterarse de que Julieta estaba esperando un hijo, Andrés se enojó y la agredió brutalmente. En septiembre de 2019, fue condenado a 18 años de prisión por homicidio simple, ya que el tribunal no consideró la violencia de género en su veredicto. Esto causó un gran descontento entre organizaciones feministas, que esperaban una sentencia por femicidio.
A inicios de 2021, la Corte de Mendoza revisó el caso y concluyó que el homicidio ocurrió en un contexto de violencia de género, elevando la pena a prisión perpetua. A finales de abril de 2022, el tribunal confirmó esta decisión.
Los jueces argumentaron que la forma en que Julieta fue agredida indicaba una clara asimetría de poder y un intento de control por parte del agresor ante la resistencia de la víctima. La declaración apuntó a que había habido una discusión y que Andrés utilizó todos los medios a su alcance para imponerse, lo cual era típicamente indicativo de violencia de género.
Ahora, el caso está de nuevo en la Corte Suprema de Justicia, discutiéndose la validez de la condena. Aunque no se conoce la votación exacta de los ministros, se espera que la decisión sea un tema dividido. Mientras tanto, el debate sigue latente, reflejando la lucha constante contra la violencia de género en nuestro país.