La Corte Suprema desestima solicitud del Gobierno sobre comida
La Corte Suprema acaba de rechazar un pedido del Gobierno que buscaba revertir una decisión que obligaba al Ministerio de Capital Humano a llevar a cabo un plan de distribución de alimentos destinados a comedores comunitarios. Este fallo no es poca cosa, ya que afecta directamente a muchas organizaciones que dependen de estas ayudas para ayudar a quienes más lo necesitan.
El conflicto surge entre el ministerio, encabezado por Sandra Pettovello, y diversos comedores comunitarios. La situación se complicó en noviembre de 2023, cuando el ministerio comenzó a restringir la entrega de alimentos, argumentando la existencia de lo que se denominó “comedores fantasma”. Es decir, lugares que presuntamente no operaban realmente, pero figuraban en los registros.
Por su parte, Leila Gianni, exsubsecretaria Legal del ministerio, y Rodolfo Barra, presentaron un recurso ante la Corte Suprema para anular un fallo del tribunal de Comodoro Py. Gianni argumentó que no debería permitirse una “intromisión del Poder Judicial” en asuntos que considera exclusivos del Poder Ejecutivo Nacional.
El origen de esta controversia está en la suspensión de la entrega de alimentos, una parte esencial del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. Un juez de primera instancia, Sebastián Casanello, había ordenado que se elaborase un plan de distribución para los alimentos almacenados, destinados a situaciones de emergencia.
Además, el dirigente social Juan Grabois presentó una denuncia penal, apoyándose en informes que indicaban que había millones de kilos de alimentos sin distribuir en centros de acopio de lugares como Villa Martelli y Tafi Viejo en Tucumán, incluyendo leche que estaba por vencer. Esta situación creó un verdadero escándalo, ya que mientras había necesidad en la comunidad, la comida permanecía sin ser entregada.
El fallo
La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó que se tomaran medidas para asegurar que esos alimentos llegaran a los comedores oficialmente registrados. A pesar de que el juez Casanello reconoció que la decisión sobre la distribución era una facultad del Ejecutivo, instó al Ministerio de Capital Humano a crear un plan de distribución que considerara el tipo de alimento, su cantidad, fecha de vencimiento y el público al que estaban destinados.
Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico apoyaron la medida cautelar y mencionaron que el ministerio tenía la opción de pedir una prórroga. Sin embargo, en lugar de eso, decidieron cuestionar lo que consideraron una “intromisión” judicial, llevando el asunto a una nueva instancia legal.
Finalmente, el Ministerio de Capital Humano apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal, que desestimó su presentación. La Corte Suprema, a través de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también rechazó la apelación, utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A pesar de esto, el Gobierno comunicó al juez Casanello que procederían a distribuir los alimentos mediante convenios con las provincias, buscando una solución a esta situación crítica.