La Corte Suprema confirma condena de tres años a Romina Picolotti
La condena a Romina Picolotti, la exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se ha vuelto oficial. Lo que en principio podría parecer un tema alejado de nuestra realidad diaria, en verdad tiene implicancias sobre la gestión pública y la confianza que depositamos en nuestros funcionarios. Picolotti recibió tres años de prisión por defraudación al Estado, tras usar fondos públicos para gastos personales y de su familia.
El escándalo salpicó a Picolotti durante su gestión entre 2006 y 2007, cuando, según los jueces, manejó recursos destinados a la Secretaría con un claro uso indebido. La Corte Suprema ratificó la sentencia donde se señala que la exfuncionaria, más allá de sus atribuciones, no supo cuidar el dinero que la población confiere a sus representantes. Esto no solo incluye la pena de prisión, sino también una inhabilitación de por vida para volver a ocupar cargos públicos.
Los detalles detrás del manejo de estos fondos son sorprendentes. Durante el proceso, se expusieron gastos en comidas en parrillas, restaurantes de sushi, hasta incluso en servicios para mascotas. Un ticket llegó a mostrar un gasto en un bar donde se ofrecen espectáculos con mujeres semidesnudas. ¡Increíble! El fiscal Diego Luciani, encargado del caso, habló de un “manejo absolutamente irregular”. Destacó que había comidas y almuerzos que no tenían justificación, además de pasajes de avión para amigos y familiares que nada tenían que ver con su trabajo.
Mientras tanto, la defensa de Picolotti sostiene que no hubo delito y pidió su absolución. Pero las evidencias presentadas incluyeron hasta gastos en productos de farmacia y aromatizantes, lo que fue considerado como abuso de poder.
En 2021, el Tribunal Oral Federal 6 ya la había condenado en suspenso, obligándola a devolver casi $7.000.000 al Estado, que corresponden a los fondos mal utilizados. Esta cifra puede sonar distante, pero es el reflejo del dinero que podríamos haber visto destinado a obras públicas o servicios que benefician a la comunidad.
Con esta condena, se cierra un capítulo importante sobre la confianza en la administración pública. Es un recordatorio de que el uso de los recursos que nos pertenecen debe estar siempre bajo la lupa.