La biotecnología argentina, un sector dinámico y estratégico, enfrenta un momento crucial. Según un informe elaborado por la Cámara Argentina de Biotecnología, actualmente existen 340 empresas activas en el país, un notable crecimiento desde 2008. Estas empresas están mayormente concentradas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y se destacan por su impulso emprendedor y la alta cualificación de sus cerca de 20.000 empleados. En los últimos años, el 43% de estas compañías son startups fundadas en los últimos siete años, y el 71% ha desarrollado nuevos productos y procesos, con casi el 50% de ellos con relevancia mundial. Esto se traduce en 250 solicitudes de patentes, de las cuales el 70% se presenta en el extranjero.
Sin embargo, pese a este potencial, el futuro del sector está comprometido por un marco de propiedad intelectual (PI) obsoleto y restrictivo. En particular, el régimen de PI en el sector biotecnológico y farmacéutico ha estado caracterizado por medidas que, en lugar de incentivar la innovación, distorsionan la competencia legal y frenan el desarrollo. Esto no solo perjudica la innovación, sino que también incumple los compromisos internacionales del país.
Desafíos en la Propiedad Intelectual
Estas limitaciones se reflejan en prácticas legislativas y administrativas que generan incertidumbre para los innovadores y dificultan la inversión en industrias intensivas en investigación. Según el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), la tasa de concesión de patentes en biotecnología y farmacéutica es inferior al 11%, muy por debajo del 60% que se registra en otros sectores de la industria. Esto perjudica directamente la investigación y el desarrollo (I+D) biotecnológico y su potencial de expansión a otras industrias.
En este contexto, un posible acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ofrece una oportunidad histórica. El capítulo de PI de este acuerdo busca alinear los regímenes de Mercosur con los estándares de la UE, reforzando la protección de patentes y marcas, y reconociendo indicaciones geográficas. Esto podría facilitar el acceso preferencial a mercados europeos, fomentar la transferencia tecnológica y mejorar la colaboración científica, aumentando la seguridad jurídica y el atractivo para la inversión extranjera.
La Necesidad de Cambios Normativos
No obstante, el acuerdo carece de compromisos vinculantes que obliguen a revisar las restricciones administrativas que enfrentan las patentes o que establezcan una protección adecuada de propiedad intelectual. La adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que permite solicitar protección de patentes en varios países mediante un único procedimiento internacional, se promueve solo con una cláusula de mejores esfuerzos. Esto implica que no es una obligación, sino una posibilidad, lo cual debilita la regulación y mantiene la incertidumbre jurídica.
Las consecuencias de no actuar son claras: un sector biotecnológico que no alcanza su potencial, aislamiento de las cadenas de valor globales, dificultades en la obtención de recursos durante rondas de inversión y retraso en el acceso a innovaciones. Para prosperar, Argentina debe reformar su marco de PI, derogando las directrices restrictivas de 2012 que impiden la concesión de patentes químico-farmacéuticas, adhiriendo plenamente al PCT y fortaleciendo la observancia de la PI.
Argentina se encuentra en una encrucijada estratégica. Alinear su política de propiedad intelectual con las normas globales es fundamental para su competitividad, soberanía económica y salud pública. Solo así su prometedor sector biotecnológico podrá florecer y posicionar al país como un actor clave en el ámbito global.
