Se han identificado compras irregulares en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos. Cuando el presidente Javier Milei decidió nombrar a Patricia Bullrich al frente de la cartera de Seguridad nacional, no solo buscaba una aliada clave para su victoria electoral en 2023, sino también una figura que garantizara el orden a cualquier costo y un vínculo sólido con las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
La narrativa de Milei en torno a Bullrich la describe como una dirigente experimentada, quien había emprendido una guerra sin cuartel contra el crimen organizado y amenazas externas entre 2016 y 2019. Por esta razón, Bullrich llegó al gobierno de Milei con prácticamente el mismo equipo que había trabajado bajo el mandato de Mauricio Macri.
Sin embargo, lo que Milei parece haber pasado por alto es el contenido de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que reveló irregularidades en las contrataciones directas realizadas por Bullrich bajo el paraguas de la Emergencia de Seguridad. Este informe destaca sobreprecios que llegan a quintuplicar el valor estimado de lo adquirido, así como la falta de documentación y una prisa inexplicable en muchas de las contrataciones relacionadas con empresas vinculadas al Estado de Israel.
Paraguas de emergencia
La historia comenzó el 21 de enero de 2016, cuando se declaró la Emergencia de Seguridad Pública mediante el DNU 228. Esto permitió al Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Bullrich, realizar contrataciones sin necesidad de licitaciones públicas durante cuatro años, centradas en equipamientos y sistemas de seguridad por millones de dólares.
La AGN verificó que estas adquisiciones se realizaron sin un sistema de compras planificado, y en casi la mitad de los casos, las transacciones no involucraron una comparación de precios, sino una elección discrecional del Ministerio. Bullrich justificó la falta de planificación argumentando que se trataba de situaciones que requerían respuestas inmediatas.
El registro de audiencias públicas revela la intervención de figuras clave como Gerardo Milman y Alberto Fernando Föhrig, quienes estuvieron involucrados en estas negociaciones. Milman, actual diputado nacional, parece haber reactivado los vínculos con Bullrich, mientras que Föhrig, su mano derecha, fue parte integral de estas decisiones.
Las primeras adquisiciones, que sumaron más de 84 millones de dólares, se comunicaron en momentos estratégicos, como el anuncio de la compra de un sistema de seguridad fronterizo por 35 millones de dólares a una empresa israelí justo antes del Año Nuevo 2016. Posteriormente, se autorizó la compra de cuatro lanchas patrulleras por 49 millones de dólares, justificadas para combatir el terrorismo en la Hidrovía.
Sin embargo, estas compras fueron cuestionadas por diversos motivos, incluyendo sobreprecios y pagos injustificados. Por ejemplo, se mencionan pagos adicionales a la empresa Eitamar Barr por servicios que ya estaban incluidos en el contrato original. Además, se reveló que algunos equipos adquiridos se encontraban fuera de servicio, lo que genera aún más dudas sobre la gestión de estos contratos.
Boleto picado
El informe de la AGN, aprobado en noviembre de 2024, es notable por ser el primero de su tipo desde la auditoría. Destaca que muchas adquisiciones internacionales se realizaron a través de convenios de implementación que no se ajustaron a los Decretos de regulación de compras del Estado. En particular, la auditoría subraya que el importe adjudicado quintuplica el estimado en el informe de justificación elaborado por las Fuerzas de Seguridad.
Además, se verificó el pago de 325.000 dólares para modificar las torres de vigilancia en Puerto Iguazú, lo que evidencia la inconsistencia del proyecto. La AGN también encontró que el Ministerio de Seguridad incrementó sus gastos significativamente, pagando más de 41 millones de pesos a Issatec Technologies SA, controlada por Eitamar Barr.
En el caso de las lanchas patrulleras adquiridas, el análisis reveló que se pagó un 138% más que las mejores ofertas del mercado, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la razonabilidad de las compras realizadas.
Al intentar obtener una respuesta de Patricia Bullrich y su equipo de comunicación sobre los hallazgos de la AGN, la respuesta fue derivada a otros colaboradores. En contacto con la prensa, Eitamar Barr aseguró que las licitaciones se realizaron de manera transparente y legítima, desestimando las acusaciones de sobreprecios.
El contexto de estas compras y la falta de justificación adecuada para muchas de ellas han dejado una sombra de dudas sobre la gestión de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. La AGN continúa su labor de auditoría, revisando cada hallazgo y exigiendo respuestas claras ante las irregularidades detectadas.
