Kicillof se comprometió a coparticipar fondos recuperados
La implementación del nuevo mecanismo financiero en la provincia depende de dos factores clave. Primero, que la Corte Suprema provincial falle a favor de los reclamos del Gobierno provincial. Segundo, que el Estado nacional efectúe la transferencia de fondos. Una vez que esto suceda, los municipios tendrán que sumarse al Fondo de Recupero, para lo cual deberán aprobar ordenanzas en sus respectivos concejos deliberantes.
La actividad se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Gobernación, en el marco de una jornada que abordó las “Consecuencias económicas del Gobierno de Javier Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”. Asistieron intendentes de diferentes corrientes políticas, como La Cámpora, el Frente Renovador y el radicalismo. Sin embargo, a pesar de que los jefes comunales de la alianza LLA-PRO estaban invitados, solo estuvo presente la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile.
Entre los participantes, estuvo el gobernador Axel Kicillof, acompañado por otros funcionarios destacados, como la vicegobernadora Verónica Magario y los ministros de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco, entre otros. Durante su discurso, Kicillof resaltó que “las finanzas municipales y provinciales en toda Argentina atraviesan una crisis” por tres motivos: la inacción del Estado nacional, los recortes que han sufrido y la caída en la recaudación debido a políticas de ajuste.
El gobernador también agradeció a los intendentes por el esfuerzo que hacen para lidiar con esta situación complicada, señalando que “los municipios y la Provincia no les darán la espalda a los bonaerenses que enfrentan necesidades”. Kicillof advirtió sobre el riesgo de un empeoramiento de la situación socioeconómica y subrayó que los problemas no son culpa de las familias que pierden ingresos, sino de las políticas económicas del actual gobierno.
El crítico informe presentado por López
El ministro de Economía, Pablo López, presentó un informe a los jefes comunales que detalla el deterioro económico, especialmente profundo en Buenos Aires. Según los datos, la actividad económica en la provincia cae más que a nivel nacional, con sectores como la industria y la construcción viendo disminuciones de más del 20% en comparación con el año 2023.
El documento también menciona que, desde diciembre de 2023, se han perdido más de 270.000 puestos de trabajo en el país y más de 160.000 en la provincia. A esto se suma el cierre de cerca de 22.000 empresas en todo el país, con un promedio de siete cierres diarios en Buenos Aires. La morosidad familiar ha alcanzado niveles récord, lo que refleja la precariedad de la situación.
En el aspecto fiscal, el informe indica una fuerte caída en la recaudación y en los recursos coparticipables. En febrero, la recaudación nacional sufrió un descenso cercano al 10% interanual, mientras que la Provincia dejó de percibir alrededor de $100.000 millones solo en concepto de coparticipación. Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada asciende a más de $22 billones, afectando de manera severa los servicios públicos y la financiación de programas esenciales.
López destacó que las deudas del gobierno nacional con la provincia alcanzan los $15 billones, y junto con la pérdida de recaudación, se eleva a más de $22 billones, una cifra alarmante que representa el 50% del presupuesto anual de Buenos Aires. La situación no mejora y requiere un cambio en el plan económico actual.
Los reclamos ante la Corte Suprema
El Gobierno bonaerense ha presentado siete demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando la restitución de fondos que se consideran retenidos indebidamente por el Gobierno nacional. Entre los fondos en cuestión se encuentra el Fofofi-Fondo de Seguridad, entre otros.
Recientemente, el máximo tribunal convocó a una audiencia para que tanto funcionarios del gobierno de Milei como representantes de la gestión bonaerense expongan sus argumentos sobre el reclamo de los recursos de la caja previsional. Se programó una nueva audiencia para el próximo 21 de abril, ya que este caso se ha vuelto uno de los más relevantes en el ámbito judicial entre la Provincia y la Nación.
Los planteos a la provincia de Buenos Aires
Durante el encuentro, los intendentes expresaron preocupaciones sobre la situación financiera de sus distritos. Se discutieron las deudas que IOMA tiene con ciertos municipios y el impacto negativo de la caída de la coparticipación, lo que afecta las finanzas locales.
A pesar de que en enero de 2026 las transferencias provinciales mostraron un incremento nominal, este aumento no se tradujo en mejoras reales, ya que representó una caída del 2,24% en comparación con la inflación. Esto complica la prestación de servicios en algunos municipios.
Los intendentes de la Unión Cívica Radical fueron claros en sus demandas, apoyando el reclamo de la Provincia por más recursos en un sistema federal que consideran desequilibrado. Además, solicitaron reforzar áreas críticas como educación, salud y seguridad.
El panorama económico ya se traduce en un aumento de la demanda social en los distritos. Los jefes comunales advierten sobre un incremento en los pedidos de asistencia para cubrir necesidades básicas, como alimentos y alquileres, en medio de la caída de la obra pública y el cierre de empresas.
Entre los intendentes que participaron del encuentro estaban Javier Andrés (Adolfo Alsina), Jorge Gaute (Alberti) y Juan José Fabiani (Almirante Brown), entre otros, todos preocupados por la realidad que atraviesa la provincia.